Joseba Marcaida acusó a la presidenta de la AVT
de decir que “mataría a todos los vascos”.
La Fundación Gregorio Ordóñez se opone a
indemnizar a terroristas.
El Ejecutivo de López concede ayudas
a etarras fallecidos
A. L. G.
La reunión que el pasado miércoles celebró el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo estuvo regada de tensiones. Entre otras cosas, se debatía la aprobación de un decreto para otorgar indemnizaciones a “las víctimas de la Policía” en el País Vasco. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran a LA GACETA que en un momento determinado Joseba Marcaida, concejal del PSOE en Bermeo y representante de la asociación Zaitu, criticó con enorme dureza la postura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se oponía a estas ayudas. Incluso, el edil socialista censuró las posiciones de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT.
Marcaida dirige Zaitu, también conocida como Asociación Pro Víctimas de Persecución, Amenazados y Exiliados por causa de ETA. Este concejal del PSOE ha sido amenazado y atacado por los proetarras en infinidad de ocasiones. Sus relaciones con otros grupos cívicos no son precisamente excelsas. Buena prueba de ello es lo que aconteció el pasado miércoles. Las fuentes mencionadas aseguran que, durante el encuentro antes citado, Marcaida acusó a Pedraza de haber dicho en una ocasión que “cogería una ametralladora y mataría a todos los vascos”.
El Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo está formado por 10 miembros. Cinco de ellos representan a la Administración. Y otros cinco defienden los intereses de las asociaciones. De esos cinco representantes, dos pertenecen directamente a colectivos de víctimas del terrorismo, uno a amenazados por ETA y otros dos hablan en nombre de diferentes grupos sociales.
Los representantes de las víctimas en el Consejo son Covite y la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (AFCSEVT). Al ser sólo dos los puestos destinados a asociaciones de víctimas propiamente dichas, ellos hablan en nombre de otros colectivos, como la AVT.
El citado Joseba Marcaida representa a Zaitu como colectivo de amenazados. En cuanto a las fundaciones, la representante es Milagros García de la Torre, de la Fundación Fernando Buesa. Por último, Isabel Urquijo, de Gesto por la Paz, ocupa la voz destinada a los movimientos cívicos de diversa índole. De los representantes de la Administración, los más conocidos son Maixabel Lasa y Txema Urquijo, directora y adjunto de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.
La división entre las asociaciones que conforman el citado Consejo se hace cada vez más palpable. Y ahora, a cuenta de las subvenciones a etarras fallecidos, se recrudece. Además de las tensiones en el encuentro mencionado, no todos los grupos están de acuerdo con esas polémicas ayudas, que pueden ser de hasta 390.000 euros para terroristas que hayan quedado inválidos por culpa de las Fuerzas de Seguridad.
Por ejemplo, la Fundación Gregorio Ordóñez muestra su gran malestar con la decisión del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo de confirmar las subvenciones a las “víctimas de la Policía”. El gerente de la fundación, Pedro Altuna, califica el decreto del Gobierno Vasco de “infame e ignominioso”, entre otras cosas. A su juicio, el texto legal elaborado por el Ejecutivo del PSE “equipara a las víctimas con los asesinos”. Sin embargo, la Fundación Fernando Buesa, que por motivos obvios siempre se alinea con las tesis de los socialistas, tiene el único voto que representa a todas las fundaciones.
Las fuertes críticas de la Fundación Gregorio Ordóñez se acumulan a las ya expuestas en los últimos días por otras asociaciones de víctimas. Todas ellas abochornadas por las ayudas a etarras que ultima el Ejecutivo de Patxi López.
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