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ESTA DENUNCIA AMPLÍA LA PRESENTADA CONTRA MANZANO
"SI SE REABRE EL CASO, SE LO DARÁN A ELOY
VELASCO", AUGURAN FUENTES DE LA JUDICATURA
LA CONDUCTA "ENCAJA EXACTAMENTE EN EL TIPO PENAL
DE ENCUBRIMIENTO", DICE EL ESCRITO.
Javier Sedano y Luis Rivas.
La juez Coro Cillán sigue adelante con la investigación sobre el 11-M. Pese a las múltiples presiones recibidas por parte de la extrema izquierda y que la llevaron a solicitar oficialmente una escolta, la magistrada decidió ayer admitir a trámite la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra los directivos de Renfe, que amplía la referente al ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano.
La decisión de la magistrada se fundamenta especialmente en la declaración que ante su persona y autoridad realizó el presidente de Renfe, Miguel Corsini, y por la que, recoge la querella,“se ha conocido que Renfe destruyó los vagones explotados en los atentados del 11 de marzo sin la preceptiva resolución judicial que autorizara dicha destrucción y posterior desguace”. Este comportamiento, de acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso LA GACETA, “encaja exactamente en el tipo de encubrimiento del artículo 451 del Código Penal”.
“En el caso de los atentados más graves ocurridos en España y Europa, con casi 200 muertos sobre los andenes, miles de heridos, las estaciones destrozadas y los vagones de los trenes atacados reventados, el señor Corsini, con una dilatadísima experiencia en Renfe y en percances mucho menores que el ocurrido el 11 de marzo de 2004 en los que actuó de distinta manera, decidió retirar los trenes de las vías, destruirlos y conducirlos al desguace sin autorización judicial alguna”, prosigue la ampliación de la denuncia, para culminar en una rotunda apreciación: “Y declara sobre su comportamiento durante aquellos terribles momentos con un distanciamiento y una displicencia que hiela la sangre a quien le pueda escuchar”.
La querella, asimismo, se dirige contra otros ejecutivos, como José Luis Marroquín, director del departamento jurídico de la empresa ferroviaria; Abelardo Carrillo, director general de Servicios de Transporte de Alta Velocidad y Grandes Líneas de Renfe Operador; Manuel Rodríguez Simmons, director general de la empresa de explosivos Maxam Europa; y Arístides Álvarez Velasco, director general de Maxam Latinoamérica, por presuntos “delitos de daños, encubrimiento y asociación ilícita”.
Paso a la Audiencia
Por otra parte, se multiplican las maniobras para dirigir el futuro del proceso. Fuentes de la judicatura revelan a LA GACETA que “si reabren el caso y se lo llevan a la Audiencia Nacional, lo más probable es que se lo asignen al magistrado Eloy Velasco”. Dichas fuentes destacan “el perfil particular” del juez, y refrendan sus recelos citando el caso llevado a cabo “contra los militares salvadoreños”.
La decisión de la juez Cillán, de esta forma, aporta aire a la investigación del 11-M, después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara la querella contra Sánchez Manzano por encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos a principios de febrero.
Por entonces, este diario informó de que el sindicato Manos Limpias consideraba que el archivo “no afectaba” a su querella contra el ex jefe de los Tedax, puesto que, según José Luis Abascal, abogado del sindicato, “cuando se recurrió la decisión de Cillán [de aceptar otra de las demandas contra el ex jefe de los Tedax], Manos Limpias ni siquiera se había personado en la causa”. “De hecho, a principios de enero la defensa de Juan Jesús Sánchez Manzano presentó un recurso en el juzgado y posteriormente en la Audiencia Provincial contra nuestra asociación y contra nuestra querella. Y este recurso, lógicamente, aún no está resuelto”, añadía el letrado en declaraciones a LA GACETA el pasado 17 de febrero.
Por último, y en referencia a la campaña de desprestigio a que está siendo sometida la magistrada, Cillán presentó a principios de semana un escrito de recusación contra el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruiz Alegría, que dirige una investigación contra su persona de forma penal. Ruiz Alegría ha estado muy vinculado a Cándido Conde-Pumpido a lo largo de toda su carrera.
Enemistad con el padre de la juez
Cillán está siendo investigada de forma penal por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruiz Alegría. Según fuentes del proceso, la juez ha interpuesto un escrito de recusación a Ruiz Alegría, arguyendo que este mantuvo un enfrentamiento con su padre, catedrático de Derecho Político en San Sebastián. En esta ciudad, precisamente, Ruiz Alegría y Pumpido forjaron su relación preparando oposiciones a fiscal.
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