QUERELLA CONTRA MANZANO
POR ENCUBRIMIENTO"/TRENES
Del
Olmo no ordenó ni destruir ni conservar los trenes, según Corsini Miguel
Corsini, presidente de Renfe en 2004, ha declarado este lunes ante la juez Coro
Cillán.
El magistrado Juan del Olmo no nos mandó ninguna orden para la destrucción de los trenes". Así de contundente se ha mostrado el presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini, durante su declaración como testigo este lunes ante la titular del juzgado Número 43 de Plaza Castilla, Coro Cillán, en el marco de la causa donde se encuentra imputado el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en el 11-M.
En el interrogatorio, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Corsini también ha indicado que tampoco tiene ninguna información de que "la policía ordenara a Renfe la destrucción de los trenes".
Estas palabras se contradicen con la declaración ante la instructora de Fernando Íñiguez, que el 11 de marzo de 2004 era director general de EMFESA, la filial de Renfe encargada de la venta de material de desecho y de segunda mano. Íñiguez declaró que el 11-M recibió una llamada del Director Gerente de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, quien le dijo que ya había autorización judicial para destruir los vagones explosionados en la masacre de Madrid.
El expresidente de la entidad ha negado este lunes en sede judicial hasta en tres ocasiones que Renfe recibiera dicho permiso u orden del magistrado instructor del 11-M, Juan del Olmo. El testigo insistió en la idea de que tampoco recibieron ninguna indicación para conservar los diez trenes que explotaron en el 11M en las diferentes estaciones.
Durante la declaración, el expresidente de Renfe explicó a la magistrada Cillán que su misión era poner en servicio los trenes y que "salvo orden expresa del juez" eso es lo que deben hacer. Corsini contó cómo en algunos accidentes ferroviarios a veces el juez "inmoviliza alguna locomotora" pero que en esta ocasión no recibieron ninguna orden al respecto.
Asimismo, Miguel Corsini ha manifestado que el entonces responsable jurídico de la compañía, José Luis Marroquín, "no le comunicó nada" de una orden judicial "por parte de nadie" para demoler o conservar los trenes. Según declaró Fernando Iñíguez, Marroquín era la persona de Renfe que estaba en contacto permanente con el juez Del Olmo.
Por otro lado, Corsini ha señalado que dado -que Renfe es una empresa de grandes dimensiones, con múltiples departamentos, cada uno con sus funciones muy definidas- era el entonces director de Seguridad de la compañía, Manuel Rodríguez Simons -figuraba como tal en el 11-M en sustitución de Carlos Román que estaba de vacaciones- quien se mantenía en contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para que les autorizaran a levantar los trenes y no él.
Miguel Corsini estaba en su casa el 11 de marzo de 2004 cuando a las ocho de la mañana recibió una llamada del director general de Renfe para decirle que se estaban produciendo explosiones en los trenes de la masacre. El presidente de la entidad se dirigió entonces a la madrileña estación de Atocha y estuvo reunido con varios ministros del Gobierno. Fue por la tarde, cuando se encontraba reunido con todos los directores de Renfe en la estación de Chamartín "cuando se les autorizó para restablecer el servicio y retirar el material ferroviario". Corsini no ha aclarado de dónde partió esa orden, según informaron fuentes jurídicas.
Asimismo, el directivo explicó que era competencia del director de talleres de Renfe en ese momento señalar si el tren podía ser reutilizado tras un atentado o accidente o, si por el contrario, tenía que ser enviado a EMFESA para su desguace.
Junto a Miguel Corsini, la titular del Juzgado Número 43 de Plaza de Castilla (Madrid) ha tomado este lunes declaración en calidad de testigo a tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la destrucción de los efectos personales de las víctimas del 11-M. Tal y como consta en el sumario de la Audiencia Nacional, Del Olmo sí dio autorización para deshacerse de esos vestigios.
RE:
QUERELLA CONTRA MANZANO POR
ENCUBRIMIENTO"/ TRENES
Vía
Victor Llano en twitter: Víctor Llano
Bdías Por favor, fíjense en lo que dicen de la AN.
No se conocía hasta hoy y es importantisimo:
"en base a nuevas pruebas"
"NI
EL JUEZ NI LA POLICÍA SE INTERESARON
POR LOS TRENES"
El presidente de Renfe en el 11-M dice que no recibió orden judicial para destruir los trenes
07 FEB 2012 | Javier Sedano y Alberto Lardiés.
Miguel Corsini apunta al director de Seguridad como el único conocedor de la decisión.
El juez Eloy Velasco remite tres informes periciales a la Comisaría General de Información para que los investigue.
A la segunda fue la vencida. La declaración del ex presidente de Renfe –la primera citación quedó aplazada– confirma lo que ya se constató durante el macrojuicio de la Casa de Campo que en 2007 presidió el magistrado Gómez Bermúdez y que hace unos días adelantaba LA GACETA: “El juez Del Olmo no mandó ninguna orden para la destrucción de los trenes”.
Miguel
Corsini, máximo responsable de la compañía ferroviaria el día de los atentados,
compareció ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid,
Coro Cillán, –a solicitud de Manos Limpias–. Declaró que en ningún momento
Renfe recibió autorización judicial y que Del Olmo “no inmovilizó ninguna
locomotora”. La confesión de Corsini avala y corrobora las que en días
anteriores realizaron ante la misma juez los directivos de Renfe Cercanías y
los responsables de las empresas encargadas de la destrucción, el desguace y,
en su caso, la reparación de los trenes explosionados esa terrible mañana.
Una
vez más, la autoría de tamaña decisión queda en el aire. Faltaban las palabras
de uno de los principales eslabones, que, además, ratificó otra de las claves
del caso: no queda suficientemente clara la intervención de la
Policía en la decisión. “No tengo ninguna información –aseguró Corsini–
sobre que la Policía ordenara a Renfe la destrucción de los trenes”.
También confirmó el ex presidente que ni el juez ni la Policía se
interesaron nunca por el destino de los trenes.
Miguel Corsini aseguró ante Coro Cillán que el objetivo fundamental de Renfe el 11 de marzo era “dar servicio ferroviario” y que la Dirección de Seguridad mantenía el contacto con las autoridades “para que les autorizaran a levantar los trenes”. Ese día, Manuel Rodríguez Simón era el encargado de gestionar dicha dirección, ya que su titular, Carlos Román, estaba de vacaciones. Con su declaración, Corsini pone en el punto de mira a Rodríguez Simón –ex agente de Policía– como principal elemento y vital correa de transmisión entre las autoridades y Renfe y, por lo tanto, el que tuvo que manejar información privilegiada de las dos partes. Simón ya declaró en 2007 que él no tuvo nada que ver.
El que era presidente de Renfe en 2004 aseguró, además, que la mañana de los atentados se dirigió directamente a Atocha, donde, precisamente, le estaba esperando el director de Seguridad y que juntos se fueron hacia los andenes. “En ese momento llegaron varios políticos y recibimos la instrucción de desalojar”. A partir de ese instante se situaron frente al Ministerio de Agricultura. Corsini confirmó a la juez Coro Cillán que toda la mañana estuvo con el ministro de Fomento, Alvárez-Cascos, y otros miembros del Ejecutivo de Aznar. “Todo el mundo quería saber”.
Pero ayer otros testigos pasaron por el juzgado madrileño. En la misma línea y más allá de que la causa quedase juzgada hace cinco años, Ángel Lasunción, presidente de Recytel, la planta industrial que destruyó los aparatos electrónicos –móviles, la mayor parte– localizados en los focos de las explosiones, no aseguró que el agente que trasladó el material llevase junto al acta, en el que aparecía la relación de aparatos, una orden judicial. La misma duda se plantea con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron los efectos personales no reclamados a la incineradora de Valdemigómez. Además, aseguraron que no sabían si se llevó a cabo una investigación sobre los enseres personales de las víctimas. Finalmente no compareció el catedrático de Minas de la Politécnica de Madrid.
En la Audiencia
ÚNICO DONDE SE INVESTIGA EL 11-M.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitió el pasado 2 de febrero una providencia en que insta a la Policía a investigar los atentados en base a nuevas pruebas halladas recientemente.
Se trata del primer movimiento en la Audiencia relacionado con el 11-M tras muchos meses de puro silencio al respecto.
La resolución, a la que ha tenido acceso LA GACETA, se enmarca en las diligencias previas 309/2005, que abordan aspectos relacionados directamente con el 11-M. En concreto, Velasco une a las actuaciones varios informes elaborados por la Policía Científica sobre huellas de los implicados en los atentados de Atocha. Y reclama a la Comisaría General de Información que aclare si dichos informes “aportan alguna información a la investigación realizada por los atentados del 11 de marzo y 3 de abril de 2004”.
Tres de esos textos resultan especialmente relevantes, por estar basados en nuevas pruebas halladas recientemente. Para empezar, el juez aporta un informe referente a las huellas de Mohamed Badri encontradas en un Renault Megane, con matrícula M2075UV. El segundo de los informes hace referencia a las huellas del mismo sujeto encontradas en un Opel Astra, con matrícula M4518OZ, que utilizaba Jamal Ahmidan, El Chino.
Este individuo falleció en el suicidio colectivo acaecido en Leganés el 3 de abril de 2004 y está considerado como el jefe de la célula islamista que perpetró el 11-M. El tercero de los informes que el juez Velasco pide investigar versa sobre las huellas de Ben Salah Jamile encontradas en el domicilio de Abdenneri Essebbar. Ambos conforman un matrimonio cuya hija, Sanae, falleció el 11-M. Y el varón, Essebbar, fue acusado de ayudar a huir a uno de los autores de los atentados.
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