"NI EL JUEZ NI LA POLICÍA SE INTERESARON
POR LOS TRENES"
Miguel Corsini apunta al director de Seguridad como el único conocedor de la decisión. El juez Eloy Velasco remite tres informes periciales a la Comisaría General de Información para que los investigue.
Javier Sedano y Alberto Lardiés.
A la segunda fue la vencida. La declaración del ex presidente de Renfe –la primera citación quedó aplazada– confirma lo que ya se constató durante el macrojuicio de la Casa de Campo que en 2007 presidió el magistrado Gómez Bermúdez y que hace unos días adelantaba LA GACETA: “El juez Del Olmo no mandó ninguna orden para la destrucción de los trenes”.
Miguel Corsini, máximo responsable de la compañía ferroviaria el día de los atentados, compareció ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, Coro Cillán, –a solicitud de Manos Limpias–. Declaró que en ningún momento Renfe recibió autorización judicial y que Del Olmo “no inmovilizó ninguna locomotora”. La confesión de Corsini avala y corrobora las que en días anteriores realizaron ante la misma juez los directivos de Renfe Cercanías y los responsables de las empresas encargadas de la destrucción, el desguace y, en su caso, la reparación de los trenes explosionados esa terrible mañana.
Una vez más, la autoría de tamaña decisión queda en el aire. Faltaban las palabras de uno de los principales eslabones, que, además, ratificó otra de las claves del caso: no queda suficientemente clara la intervención de la Policía en la decisión. “No tengo ninguna información –aseguró Corsini– sobre que la Policía ordenara a Renfe la destrucción de los trenes”. También confirmó el ex presidente que ni el juez ni la Policía se interesaron nunca por el destino de los trenes.
Miguel Corsini aseguró ante Coro Cillán que el objetivo fundamental de Renfe el 11 de marzo era “dar servicio ferroviario” y que la Dirección de Seguridad mantenía el contacto con las autoridades “para que les autorizaran a levantar los trenes”. Ese día, Manuel Rodríguez Simón era el encargado de gestionar dicha dirección, ya que su titular, Carlos Román, estaba de vacaciones. Con su declaración, Corsini pone en el punto de mira a Rodríguez Simón –ex agente de Policía– como principal elemento y vital correa de transmisión entre las autoridades y Renfe y, por lo tanto, el que tuvo que manejar información privilegiada de las dos partes. Simón ya declaró en 2007 que él no tuvo nada que ver.
El que era presidente de Renfe en 2004 aseguró, además, que la mañana de los atentados se dirigió directamente a Atocha, donde, precisamente, le estaba esperando el director de Seguridad y que juntos se fueron hacia los andenes. “En ese momento llegaron varios políticos y recibimos la instrucción de desalojar”. A partir de ese instante se situaron frente al Ministerio de Agricultura. Corsini confirmó a la juez Coro Cillán que toda la mañana estuvo con el ministro de Fomento, Alvárez-Cascos, y otros miembros del Ejecutivo de Aznar. “Todo el mundo quería saber”.
Pero ayer otros testigos pasaron por el juzgado madrileño. En la misma línea y más allá de que la causa quedase juzgada hace cinco años, Ángel Lasunción, presidente de Recytel, la planta industrial que destruyó los aparatos electrónicos –móviles, la mayor parte– localizados en los focos de las explosiones, no aseguró que el agente que trasladó el material llevase junto al acta, en el que aparecía la relación de aparatos, una orden judicial. La misma duda se plantea con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron los efectos personales no reclamados a la incineradora de Valdemigómez. Además, aseguraron que no sabían si se llevó a cabo una investigación sobre los enseres personales de las víctimas. Finalmente no compareció el catedrático de Minas de la Politécnica de Madrid.
En la Audiencia
El juzgado de Coro Cillán no es el único donde se investiga el 11-M. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitió el pasado 2 de febrero una providencia en que insta a la Policía a investigar los atentados en base a nuevas pruebas halladas recientemente. Se trata del primer movimiento en la Audiencia relacionado con el 11-M tras muchos meses de puro silencio al respecto.
La resolución, a la que ha tenido acceso LA GACETA, se enmarca en las diligencias previas 309/2005, que abordan aspectos relacionados directamente con el 11-M. En concreto, Velasco une a las actuaciones varios informes elaborados por la Policía Científica sobre huellas de los implicados en los atentados de Atocha. Y reclama a la Comisaría General de Información que aclare si dichos informes “aportan alguna información a la investigación realizada por los atentados del 11 de marzo y 3 de abril de 2004”.
Tres de esos textos resultan especialmente relevantes, por estar basados en nuevas pruebas halladas recientemente. Para empezar, el juez aporta un informe referente a las huellas de Mohamed Badri encontradas en un Renault Megane, con matrícula M2075UV. El segundo de los informes hace referencia a las huellas del mismo sujeto encontradas en un Opel Astra, con matrícula M4518OZ, que utilizaba Jamal Ahmidan, El Chino.
Este individuo falleció en el suicidio colectivo acaecido en Leganés el 3 de abril de 2004 y está considerado como el jefe de la célula islamista que perpetró el 11-M. El tercero de los informes que el juez Velasco pide investigar versa sobre las huellas de Ben Salah Jamile encontradas en el domicilio de Abdenneri Essebbar. Ambos conforman un matrimonio cuya hija, Sanae, falleció el 11-M. Y el varón, Essebbar, fue acusado de ayudar a huir a uno de los autores de los atentados.
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