EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL HA ABIERTO UN
EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO A LA MAGISTRADA
CORO CILLÁN, QUE INSTRUYE LA REAPERTURA DEL
CASO
DEL 11-M
Tras precintar una discoteca, nombró administrador
a quien,
según una fiscal, es su novio
Una secretaria y dos fiscales del juzgado dicen que
puede
tener problemas con el alcohol
Un juzgado de Madrid se ha convertido en
una olla a presión que puede poner punto final a la carrera de Coro Cillán. Es
la magistrada que reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de
Atocha del11 de marzo de 2004, un asunto que ya
sentenció el Tribunal Supremo en 2008. Aun así, esta misma semana la juez ha
interrogado a media docena de funcionarios de Renfe para preguntarles por qué
fueron desguazados los trenes y, si al hacerlo, pudieron haberse destruido
elementos útiles para la investigación.
La inspección del Consejo General del
Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra ella por tres
faltas muy graves y una grave. Una secretaria y dos fiscales del juzgado
atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que
transforman en “irascible” su conducta y le provocan incluso “confundir
personas y delitos”. En concreto, el expediente del Consejo es por graves
irregularidades en la tramitación de una causa, la de la discoteca madrileña
Moma, que nada tiene que ver con sus investigaciones del 11-M pero que ponen de
manifiesto supuestas arbitrariedades en sus decisiones. Cillán ya fue
sancionada en 1999 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada
en la Audiencia
Provincial de Guipúzcoa. En esa ocasión fue suspendida
durante dos años, pero más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción por una
cuestión de plazos en el procedimiento.
La tensión entre la juez, los fiscales y
las dos secretarias del juzgado es máxima. Casi ni se hablan. Coro Cillán niega
las acusaciones y ella también culpa. A la secretaria judicial Sacramento
Fernández le achaca continuas ausencias del juzgado (“viene cuando le da la
gana”). Y asegura que está acostumbrada a “las faenas” que le hace la fiscal
Soledad García. Una de las secretarias acusa por su parte a Cillán de ocultar
bajo llave, impidiéndole hacer su trabajo, algunas de las causas más candentes
que se instruyen en este juzgado.
Los hechos son muy serios: los inspectores
del Poder Judicial han realizado sus propias pesquisas e
interrogado a todos los funcionarios, a los fiscales, a dos secretarias y a la
propia magistrada. El detonante del embrollo ha sido la intervención de Cillán,
estando de guardia en Madrid, en el procedimiento judicial en torno a la famosa
discoteca madrileña Moma.
La elitista calle de José Abascal, de
Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera
cierta.
Entrada la noche, en un Madrid sosegado,
comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma —discoteca y restaurante— coches
policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del
número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran
revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los
dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club.
Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los
demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados
propios.
¿Qué hace allí tanta policía? En la
refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla.
Los agentes empiezan a discutir entre ellos. “Este no es vuestro distrito, ¿qué
hacéis vosotros aquí?”, se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón
policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando
a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados
desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la
película Airbag, pero real.
El asunto no pasó a mayores en ese
momento, pero el embrollo de Moma trasladó posteriormente su lío al juzgado de
Cillán.
Los inspectores del Consejo del Poder
Judicial atribuyen a la magistrada actuaciones anómalas en este procedimiento:
supuestamente habría favorecido a una de las partes; en concreto, a un “amigo
íntimo”, según las pesquisas del Poder Judicial. Estando ella de guardia, uno
de los socios de Moma se presentó en el juzgado y denunció a éste por
“administración desleal”; y reclamó a la juez, como medida cautelar, el
precinto del local. Ocurrió la noche del pasado 21 de septiembre. Alberto Vos,
el denunciante, reclamó apartar de la gestión del local a Fernando Robes, al
que acusó de apoderase de Moma en detrimento de sus otros socios. Robes, al ver
que le quitaban la gestión, denunció a la juez ante el Consejo del Poder
Judicial y tildó su intervención de parcial.
Paralelamente, otro juzgado de Madrid, el
número 32, lleva un asunto sobre supuestas mafias entre los servicios de
seguridad de discotecas de la capital. La Brigada de Policía Judicial de Madrid, en un
informe fechado el pasado 19 de diciembre, sitúa a Robes como supuesto
testaferro y blanqueador de dinero de procedencia ilegal. Incluso fue detenido
por ello.
Del lado de Alberto Vos en el caso de
Moma, y en contra de Robes, estaría el supuesto “novio” o “amigo íntimo” de la
magistrada, Javier Caballero. La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba
de guardia con Cillán ese día, afirma que la noche en que se pidió la cinta
adhesiva para acordonar el Moma, la juez fue a su despacho y le pidió opinión
sobre si debía precintar el local. La respuesta de la fiscal a Cillán, asegura
García, fue que no, porque antes era necesario comprobar la veracidad de la
denuncia. “No lo veo, primero habrá que investigar, y me da la impresión de que
lo está conociendo otro juzgado”, ha asegurado la fiscal a los inspectores del
Consejo.
Según Soledad García, su opinión enfadó a
Cillán, que rompió una providencia que había encima de la mesa para trasladar
el asunto a reparto del decanato, y le soltó: “Por mis santos cojones se
precinta Moma”. “Coro, te estás metiendo en un lío”, asegura la fiscal que le
respondió.
Cillán se fue del despacho acompañada del
abogado que había interpuesto la denuncia. Según la fiscal y la secretaria, que
han contado al Consejo los problemas que están teniendo en las guardias, poco
después de que la juez decretara el precinto la vieron en el restaurante
Portobello cenando con algunos de los denunciantes de Moma. Las normas de
reparto de los juzgados de Madrid obligan a enviar al decanato para su reparto
las causas que entren en la guardia aun cuando en ellas se pidan medidas
cautelares. Se lo advirtió a la juez uno de sus funcionarios, pero la
magistrada le cortó. “Es nuestra”.
Cillán, por su parte, en su escrito de
alegaciones al Consejo, niega que cenase con los denunciantes de Moma y señala
que el restaurante Portobello es un lugar donde coinciden personas del mundo
jurídico porque está a escasos metros de los juzgados, y que son habituales los
saludos de cortesía entre profesionales, que no comprometen su independencia.
Tras negarse la fiscalía a apoyar el
precinto, según los inspectores, la juez ladeó estas diligencias al ministerio
público, precintó el local y cambió a los administradores por otros. A uno de
ellos, también "amigo" de la juez según el Consejo, le puso un sueldo
de 18.000 euros (de los que solo llegó a cobrar 7.700). Éste acabó renunciado a
ese cometido y entonces la juez nombró administrador a Javier Caballero, con un
sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto “novio”, según la fiscal
Soledad García.
“La magistrada me ha hablado durante casi
un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en
Alicante, y que cuando a viene a Madrid se aloja en su casa”, ha relatado la
fiscal a la inspección. “Recientemente me lo ha presentado personalmente, y a
la secretaria judicial (Celia), aunque al momento de la presentación no aludió
a la relación de noviazgo”. El Juzgado 43 tiene una secretaria en comisión de
servicio, Sacramento Fernández, que a veces se sirve de otra colega, Celia
García, como apoyo en determinados asuntos. Sacramento Fernández también ha
contado a los inspectores lo del novio de la juez, algo que Cillán niega. A
personas de su entorno, la magistrada ha confiado que actuará contra quienes la
han difamado y que se va a realizar varias pruebas que acreditarán que ni tiene
pareja ni problemas relacionados con el alcohol.
El fiscal Conrado Saiz, que es el que
lleva junto con Cillán la causa sobre el 11-M, discrepa de esta última
afirmación, aunque precisando que él no es perito en temas de alcohol. Sobre la
juez ha contado a los inspectores: “Alguna vez, en las guardias de diligencias,
rápidos y detenidos, durante la tarde manifiesta síntomas de consumo de bebidas
alcohólicas; así, en las declaraciones confunde a las personas a las que se
dirige, así como el delito; cambia de conversación con falta de coherencia y
presenta un carácter irascible, por lo que él suele tomar la palabra cuando
antes para no acrecentar el problema”, señala la inspección.
Sáiz zanja: “Entiendo que la magistrada no
tiene capacidad para llevar el juzgado porque presenta una inestabilidad
preocupante”. El asunto está ahora en manos del instructor designado por el
Poder Judicial, un juez del Tribunal Superior de Madrid, de superior rango que
Cillán. Según fuentes del Consejo, ya la ha citado a declarar. Será él quien se
encargue de indagar el polvorín que se cierne sobre el juzgado de Madrid que ha
reabierto el atentado de los trenes de la muerte.O
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