02-03-2012
EN EL PAÍS DE LOS CONDE PUMPIDO, DE LAS TOGAS
MANCHADAS EN EL POLVO DEL CAMINO, ES INEVITABLE SORPRENDERSE DE QUE EL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO CUMPLA CON SU DEBER PROFESIONAL
Van a cumplirse ocho años, un aniversario que los sindicatos planean
empañar, de los atentados del 11-M. Desde muy pronto, algunos medios observamos
que algo olía a podrido en la historia que la Policía y el juez Del Olmo habían
escrito en el sumario. Hubo teorías de lo más variopinto sobre la
responsabilidad de los crímenes, pero sobre todo una búsqueda incesante de la
verdad, fuera la que fuera. Una verdad que debíamos a las víctimas, que, tal y
como dijera Gabriel Moris, nunca iban a "olvidar lo inolvidable".
Han sido ocho años de cuestionar la verdad oficial sin que quienes
debían hacerlo por obligación se preocuparan lo más mínimo por esclarecer el
11-M. Una situación anormal, un escándalo que, sin embargo, contó con la aquiescencia
de la mayoría de los medios, que se apuntaron a la acusación de
"conspiranoia" con una alegría que dejaba en ridículo las supuestas
vocaciones por la verdad de tantos profesionales.
Lo que ha sucedido este viernes debería ser lo normal. Unos periodistas
desvelan la existencia de nuevas pruebas relacionadas con el mayor atentado que
ha sufrido la sociedad española e inmediatamente la justicia las investiga para
ver si pueden poner luz sobre los hechos. Pero en este país nuestro lo normal
es desgraciadamente excepcional. La decisión de Torres-Dulce de investigar la
aparición del foco de una explosión que oficialmente ya no existía no es nada
más que su obligación. Pero en el país de los Conde Pumpido, de las togas
manchadas en el polvo del camino, es inevitable sorprenderse de que el Fiscal
General del Estado cumpla con su deber profesional.
El pasado 28 de marzo, en Libertad Digital publicamos
el resultado de la investigación de Luis del Pino y Carlos Sánchez de la Roda:
durante todo este tiempo se ha conservado una prueba fundamental, a la que no
pudieron acceder ni acusaciones ni defensas porque se les dijo que no existía.
Lo normal hubiera sido que todos los medios se hicieran eco de la noticia, pero
sólo informaron del hallazgo los pocos que como nosotros llevan durante ocho
años preguntándose qué pasó realmente aquel nefasto día. Ha hecho falta que
Torres-Dulce tomara la decisión lógica para que una información publicada
varios días antes se convirtiera en actualidad y recibiera la atención que en
otro país sería normal.
Sólo queda esperar que se tire del hilo hasta el final. La
investigación podrá encontrarse con obstáculos que no puedan salvarse, pistas
que no conduzcan a nada, datos que sólo sirvan para despistar y desviarnos del
camino. Pero que al menos no sea por falta de voluntad e interés en esclarecer la
verdad. Zapatero ya no está en el Gobierno, y las excusas de tantos sobre
nuestros motivos para querer seguir indagando ya no tienen sentido. Alguien
ocultó ese vagón. Y esa persona, y quienes ordenaran hacerlo, deberían
llevarnos más lejos. Esperemos que esta vez no se vuelvan a frenar los
esfuerzos por saber quién ordenó matar a cientos de españoles.
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