02-03-2012
EL GOBIERNO ACATA Y RESPETA LA DECISIÓN
EL FISCAL TOMA UNA
DECISIÓN, PERO YA NO SUENA SU TELÉFONO.
"RESPETO A SU INDEPENDENCIA",
ZANJA
RAJOY, QUE DA VÍA LIBRE A VOLVER A
INVESTIGAR EL 11-M
“Es necesario separar el poder judicial de Bermejos y Condes Pumpidos”.
La frase es de Mariano Rajoy, aún en calidad de candidato a la
presidencia del país. Ya en el Gobierno, nada más aterrizar en Moncloa, ordenó
una auténtica transformación de la Justicia para poner fin a la politización
que incluía, entre otras muchas medidas, un cambio del formato de elección del
Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, aún quedaba por saber cómo
reaccionaría el Ejecutivo ante un caso espinoso, complicado de abordar, y qué
duda cabe que las muchas dudas que se ciernen sobre el atentado terrorista del
11-M está en la cúspide de todos ellos.
El jefe del Gobierno recibía la noticia a la salida del Consejo
Europeo, en Bruselas: el fiscal general, Eduardo Torres Dulce, anunciaba
que había ordenado investigar el foco del 11-M hallado por este diario.
Decisión que marca “un antes y un después”, admiten fuentes del Gobierno. Rajoy
se preparaba una respuesta escueta -de pocos segundos- pero concluyente: “Mi
respeto a la independencia de la Fiscalía, en este asunto y en cualquiera”.
Ni una coma más, ningún adjetivo de ningún tipo. Vía libre para
investigar y conocer toda la verdad sobre la masacre de Madrid. Una diferencia
inmensa con respecto al anterior Gobierno, que hacía habitual las llamadas al
poder judicial. El fiscal “es hoy independiente”, insistían fuentes del
Ministerio de Justicia, reforzando las palabras del presidente.
“Evidentemente, puede investigar lo que estime oportuno”, añadían las
fuentes consultadas, dando tranquilidad a Torres Dulce, que ha recibido el
elogio encendido de unas víctimas que se creían abandonadas. Es un ejemplo más
de la línea de acción de Rajoy, pero también muy especialmente de Alberto
Ruiz Gallardón, que ha tomado como mantra recuperar “el
prestigio” de la Justicia en España.
Cristina Cifuentes,
delegada del Gobierno en Madrid -y, por tanto, otra de las voces más
autorizadas en este sentido-, afirmó lo que por otro lado es un sentimiento más
que extendido entre las bases del PP: “Sobre todo no es una orden del fiscal,
sino que es una demanda de la sociedad que piensa que queda mucho por saber”.
“Todo lo que sea llegar hasta el final” dará “tranquilidad” a las víctimas,
afirmó en declaraciones a esRadio.
Se abre así una nueva vía de investigación sin interferencia política.
El Gobierno la acata y respeta. Un guiño más a esa revolución judicial
que empieza a hacer historia y que podría conllevar una auténtica separación de
los poderes del Estado.
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