LA FISCALÍA ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL A CILLÁN

05-03-2012
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/fiscalia-abre-una-investigacion-penal-cillan-20120304

“A LA MAGISTRADA LA ESTÁN MACHACANDO”

LA JUEZ DEL 11-M RECIBE TAMBIÉN AMENAZAS ANÓNIMAS PARA QUE DEJE EL CASO BAJO LA ADVERTENCIA DE UNA QUERELLA POR PREVARICACIÓN. YA HAN TESTIFICADO TRES FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA.

   

Javier Sedano. Madrid

Todo tiene un límite. La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid no puede más. Coro Cillán se enfrenta desde hace meses a una operación de acoso y derribo –habría que mirar muy lejos para buscar precedentes– que la está desestabilizando profesional y personalmente. Su círculo personal asegura que la magistrada está hundida, que no ha recibido más que disgustos y que el miedo se ha apoderado de su constante diaria. 

“A la magistrada la están machacando”.

A las investigaciones abiertas hace tres meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adelantadas por este diario, por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación con diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA –a Cillán se le acusa de facilitar la entrada como administrador a su supuesto “novio”–, interpretadas por fuentes judiciales como una “treta” para apartarla del 11-M, se une ahora la investigación penal que ha iniciado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con competencias para asuntos de jueces y magistrados. Fuentes judiciales, próximas a la juez, han revelado a LA GACETA que en el transcurso de la pasada semana tres funcionarios (dos, del Juzgado nº 43 que dirige Coro Cillán y otro, del nº 33 de Plaza de Castilla) recibieron sendas notificaciones para que comparecieran en la Fiscalía de Madrid con el fin de testificar acerca de los trabajos y trámites que Cillán está llevando a cabo en su Juzgado. Lo llamativo del caso es que, hasta la fecha, ni la propia magistrada ni su abogado conocen realmente las razones que han llevado a la Fiscalía a iniciar el proceso ni quién ha ordenado comenzar las investigaciones. Incógnitas, muchas; otras tantas suposiciones, pero ninguna certeza.

Según confirman, el proceso lo está llevando a cabo el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz Alegría, a quien le han encomendado el comienzo de las diligencias, que hoy por hoy son secretas. Fue, precisamente, el anterior fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, el que designó en el año 2007 a Carlos Ruiz Alegría para que ocupara la vacante de segundo jefe de la Fiscalía de Madrid en sustitución de Pedro Martínez, una vez que se aplicó una enmienda legal introducida a última hora por el PSOE en su modificación del Estatuto del ministerio fiscal. Mariano Fernández Bermejo era el ministro de Justicia.

Bajo esas premisas, el abogado de Coro Cillán, Félix Pancorbo, una vez conocidas las tres declaraciones, intentó la pasada semana averiguar el motivo de las mismas y la razón de la investigación. Hasta ahora, el teniente fiscal Ruiz Alegría no ha emitido ninguna nota oficial y Pancorbo sólo ha recibido la callada por respuesta. En las dependencias de la Fiscalía le cuelgan el teléfono cada vez que quiere averiguar algo. Precisamente, y al no mediar ninguna notificación, las fuentes consultadas denuncian a este diario que cómo es posible que Coro Cillán no haya declarado en primer lugar, como, supuestamente, principal imputada. “Deberían empezar por el principio. ¿O es que los que han comparecido están también siendo investigados? Han recibido órdenes concretas y hasta ahora se desconocen los motivos”.

Presiones

Curiosamente, la decisión de la Fiscalía madrileña tiene lugar la misma semana en la que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenaba la investigación, tras las revelaciones de Libertad Digital –que venían a sumarse a las publicadas por LA GACETA–, de los restos de los trenes explosionados el 11-M y que se mantenían escondidos en un taller de una subcontrata de Renfe. En este sentido, el entorno de Cillán ha constatado que la juez, que contra todo tipo de obstáculos ha mantenido viva la investigación de los terribles atentados, ha recibido constantes presiones para que no siga adelante con las pesquisas bajo la advertencia de recibir una querella por prevaricación. También se desconoce la procedencia de dichas amenazas.

No es la primera vez que la juez del 11-M es vigilada e investigada por un procedimiento, que –como se está demostrando– no está ni mucho menos cerrado, algo que ha podido poner sobre aviso a parte del estamento judicial. Este diario ya denunció por el mes de diciembre del pasado año una trama para echar a la juez de la carrera, todo un pormenorizado guión que incluía la contratación de un detective con el fin de averiguar todos los pasos de su vida privada. Dos meses antes sufría un incendio en su domicilio. Su secretaria tampoco ha contribuido a sus investigaciones, ausentándose durante buena parte del proceso y evitando así declaraciones de peso para el normal desarrollo del procedimiento.

Las maniobras han sido muchas y variadas, incluso la juez, en un momento de máxima preocupación, llegó a solicitar servicios de escolta por miedo a las presiones recibidas desde la extrema izquierda.