26-02- 2012
No
hay nada tan kafkiano en El proceso de Kafka como la historia que le cuenta a
Josef K. un sacerdote que se presenta como «capellán de la prisión» en la
oscuridad de la catedral vacía. No en vano Orson Welles extrajo ese «relato
dentro del relato» del final del libro y lo convirtió en una especie de
preámbulo onírico a su película. Las palabras del narrador aún resuenan en mis
oídos como trasfondo de una solemne puerta abierta hacia la luz:
«Ante
la ley hay un portero. A este portero se le acerca un hombre del campo y le
pide que le deje entrar en la ley. Pero el portero le dice que en ese momento
no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta entonces si
podrá entrar más tarde. 'Es posible', dice el portero, 'pero ahora no'. Como la
puerta de la ley está abierta igual que siempre y el portero se echa a un lado,
el hombre se asoma para ver en su interior».
Es
sólo el comienzo. El peticionario cree que la suya es una causa justa y que «la
ley debe ser accesible siempre y a cualquiera». Pero como el portero con «su
gran abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda y su barba de tártaro larga, rala
y negra» le impone mucho, decide sentarse en un taburete junto a la puerta de
la ley a esperar que cambie el viento. Todo es en vano. «Allí permanece sentado
días y años». Lo intenta por todas las vías, incluso entregando cosas, tal vez
dinero, al portero que recibe sus ofrendas de forma displicente: «Sólo lo acepto
para que no te creas que te has dejado pasar algo por alto». Pero la entrada
continúa infranqueable.
Aporto
estos antecedentes literarios para que los amigos y familiares de la juez Belén
Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que
acaba de rechazar la admisión a trámite de la querella por falso testimonio de
Jamal Zougam contra las dos rumanas que declararon haberle visto en uno de los
trenes del 11-M, entiendan por qué a Su Señoría está creciéndole el apéndice nasal
y en sus mejillas empieza a aparecer mucho más que pelusilla.
En
auto de 19 de enero, la juez Sánchez Hernández contestó a la demanda del
condenado a 42.917 años de prisión con ese primer «es posible» del portero de
la ley o más concretamente con la apreciación de que los hechos denunciados
«presentan características que hacen presumir la posible existencia de
delitos». Sin embargo, un mes después le ha dado con las puertas del «pero
ahora no» en las narices.
¿Con
qué argumentos? Con dos que producen vergüenza ajena a cualquier ciudadano con
un sentido elemental de la lógica. Por un lado, el de que la descripción de los
hechos no incorpora el elemento subjetivo del «dolo» -o sea la voluntad de
mentir por uno u otro motivo- que requiere el tipo penal del falso testimonio.
Esto
es directamente falaz, pues la querella, basada en las revelaciones de EL
MUNDO, detalla cómo la testigo protegida J-70 fue rechazada como falsa víctima
por el tribunal de evaluación del Ministerio de Interior 15 días antes de que se
le iluminara la memoria y recordara -al cabo de un año del atentado- haber
visto a Zougam en un vagón; y cómo tanto ella como la camaleónica C-65 -que
tanto iba con una amiga como con otra en aquel tren- obtuvieron papeles, dinero
y trabajo como consecuencia de su crucial apoyo a la decisión policial de
endosarle los 191 asesinatos al único detenido al que podían relacionar con lo
ocurrido, vía mochila de Vallecas. Si esto no es una base para abrir un
procedimiento, iniciar una investigación y tomar declaración a las dos rumanas
para someterlas por primera vez con conocimiento de causa al principio de
contradicción, que venga Dios y lo vea.
El
segundo argumento de la juez aún es más patético pues alega que no le
corresponde a un juzgado de instrucción «contradecir o impugnar la valoración
efectuada por el tribunal -del 11-M- de las declaraciones prestadas por los
testigos protegidos en la causa». Si fuera así no existiría el artículo 458 del
Código Penal que tipifica el falso testimonio y habría por lo tanto un motivo
menos para pagarle a ella el sueldo como funcionaria.
Tamaña
estolidez resulta en este caso doblemente hiriente a la inteligencia y a la
moralidad en la medida en que, tal y como apunta el susodicho 458, la
demostración del perjurio es la única vía que podría llevar a un juicio de
revisión de la condena de Zougam; y en la medida en que su defensa desconocía
en el momento del juicio oral todas estas circunstancias sobre las testigos
protegidas que EL MUNDO ha podido averiguar al cabo de años de laboriosa
investigación. ¿Alguien duda de que al menos la credibilidad de J-70 se habría
desmoronado con estrépito si un letrado hubiera exhibido un expediente en el
que las propias autoridades acababan de darla por falsaria?
Son
tan ridículos e inanes los dos motivos de inadmisión que parece lógico que la
decisión sea revocada a nada que el recurso recaiga sobre una sala normal de la
Audiencia Provincial. Pero, claro, la instrucción volvería entonces a la juez
Sánchez y, vista su disposición, muy poco podría esperarse de ella. Sobre todo
por un detalle que sugiere una especial malevolencia, un cierto sadismo hacia
la familia del querellante. Me refiero a su insólito requerimiento de fianza
-nada menos que 3.000 euros- incluido en aquel auto de 19 de enero en el que
abrió diligencias previas.
La
madre de Zougam, cofirmante de la querella, tuvo que pedir un crédito al banco;
pero al propio reo, sometido desde hace ocho años a un implacable régimen de
confinamiento solitario, se le saltaron las lágrimas cuando interpretó, como
nosotros mismos también lo hicimos, que aquella inusual demanda económica sólo
podía anticipar la admisión de la querella. Nadie estaba en condiciones de
imaginar que, visto lo visto, la juez sólo la pidió «para que no creas que te
has dejado pasar algo por alto».
Sí,
ya sé, la Justicia no es una ciencia exacta; unas veces se gana y otras se
pierde; los jueces o los jurados, como los árbitros, aciertan y se equivocan.
Me he hecho tantas veces esas reflexiones, analizando condenas que como la de
Garzón caían por su propio peso pero había que ver para creer, absoluciones tan
estupefacientes como la de Camps o comparecencias tan cargadas de futuro como
la de Blanco o la de ayer de Urdangarin, que tengo por norma no dar nada por
zanjado mientras los dados rueden. Por eso lo único intolerable es que te
impidan jugar el partido. Cuando lo que se relata en una querella tiene
apariencia de delito, como reconoció la propia juez Sánchez, su inadmisión
vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva que la Constitución otorga
hasta al más miserable de los seres. No digamos nada si de ese tenue hilo pende
la reclusión de por vida de alguien a quien cada vez más personas informadas
consideramos inocente.
En el
relato del «capellán de la prisión» el «hombre del campo» va extinguiéndose
lentamente en su solitario taburete. Al borde de la muerte expresa su última
perplejidad: «¿Cómo es posible que en todos estos años nadie excepto yo haya
pedido que le dejen entrar?». El portero desvela entonces su cruel secreto:
«Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo
para ti. Ahora me voy y la cierro».
Jamal
Zougam no es, sin embargo, el único que se encuentra hoy ante las puertas de la
ley. Desde hace unos días, cual si de un macabro sarcasmo se tratara, dos de
las tres asociaciones de víctimas del 11-M han sido expulsadas del recinto en
el que a duras penas habían logrado penetrar y se han visto obligadas a
amontonarse en un duro banco al otro lado del quicio de la entrada. Han
descubierto amargamente que, incluso después de dos años de fructífera
instrucción en los que la juez Cillán había acumulado elementos más que
suficientes para llevar a juicio al comisario Manzano, podía ocurrirles que un
segundo portero hiciera tabla rasa de todo ello y, como en el juego de la oca,
les mandara otra vez a la casilla de salida.
El
surrealista motivo esgrimido para abortar su querella es en el fondo el mismo
que indolentemente ha deslizado Belén Sánchez en su paupérrimo auto: la «cosa
juzgada». Si hay una figura jurídica más detestable que la prescripción cuando
los delitos son flagrantes, es la «cosa juzgada». Con el agravio adicional de
que en este caso la sección 17 de la Audiencia Provincial no se refiere a la
vista oral del 11-M sino a la inadmisión de otra querella mucho más genérica en
la que ya estaba incluido Manzano.
Aquella
fue una decisión correcta porque un grupo de ultraderecha se limitó a presentar
un ejemplar del libro Titadyne, disparando a bulto contra todos los funcionarios
que pasaban por allí. Pero aplicar el principio del non bis in idem a la mucho
más concreta y acotada acción legal de la Asociación de Víctimas del 11-M, a la
que se adhirió la AVT, cuando gracias a ella ya habíamos comprobado que el jefe
de los Tedax manipuló unas pruebas y ocultó otras, o cuando estábamos a punto
de averiguar de qué covachuela policial partió la consigna de que Renfe
destruyera los vagones, es una infamia jurisdiccional pues ni el objeto ni el
sujeto del pleito eran el mismo.
Como
bien ha argumentado el abogado de los querellantes José María de Pablo, esto
supondría que la mejor forma que tendría cualquier delincuente para
garantizarse la impunidad sería presentar una denuncia chapucera y mal
fundamentada contra un amplio colectivo que le incluyera y escudarse a partir
de ahí en su seguro archivo. ¿Cómo han podido actuar así estos tres
magistrados? Yo sólo puedo aportar el dato elocuente de que el presidente de
esa sección, José Luis Sánchez Trujillano, fue el mismo juez que consideró que
cuando Rodríguez Menéndez publicó una y otra vez que yo «sodomizaba a niños de
12 años» no se trataba de un delito de calumnia porque no concretaba a qué niño
se refería.
Espero
que la fulminante revocación de aquella sentencia por la instancia superior que
procedió a la condena solicitada sea un perenne baldón que impida a Trujillano
progresar en su carrera de igual modo que la trayectoria de Bermúdez acaba de
ser determinante para su no renovación en el cargo. El problema es que el
recurso de este aberrante sobreseimiento que de momento cercena las esperanzas
de esclarecer aspectos clave del 11-M, si bien está claro respecto a la
cuestión de fondo, puede verse obstaculizado por graves escollos técnicos pues,
por añadir más surrealismo al surrealismo, hay juristas que sostienen que tal
decisión no es recurrible.
Por
segunda semana consecutiva me esmero, pues, en estimular la imaginación
cinéfila del nuevo fiscal del Estado. Ante esas enormes puertas de la ley que
filmó Welles tiene ahora mismo sentados en un lado al único condenado como
autor material de la masacre de Madrid clamando, con indicios insoslayables,
que ha sido víctima de la mayor injusticia judicial de la Historia; y en el
otro a los representantes de dos tercios de las víctimas que ya han podido
demostrar en un juzgado que la policía manipuló pruebas decisivas de la
investigación y exigen que eso no quede amortizado a beneficio de inventario.
Una fina inteligencia como la suya no puede ignorar que lo que se aporta desde
esas dos perspectivas antagónicas es en realidad coincidente.
Como
siempre que se trata de la Justicia, el «relato dentro del relato» de Kafka
tiene dos finales. Exasperado por la estulticia del portero, Josef K. llega a
un diagnóstico sin esperanza: «La mentira se convierte así en el orden
universal». Pero el sacerdote hace una salvedad a la que es posible agarrarse
como a un último matorral sobre el abismo: «Al principio se dice que la puerta
de la ley permanece abierta, como siempre, pero si siempre permanece abierta,
siempre, es decir independientemente de la duración de la vida del hombre para
el que está destinada, entonces el portero tampoco podrá cerrarla».
Eso
es lo que está hoy en juego en España: si prevalecerá la puerta o lo harán
algunos de sus más torpes, fanáticos e indolentes porteros. De momento van
ganando los porteros.
pedroj.ramirez@elmundo.es
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