Por lusson
LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO
A SABER CÓMO FUNCIONAN LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
La Justicia en una sociedad democrática avanzada debe ser contemplada no sólo como poder judicial, sino también como servicio público. Sin embargo, desde que en España iniciamos el actual periodo democrático, ha primado la visión de la Justicia como poder. Es cierto que, durante el régimen franquista, la Justicia carecía de independencia, quedando en manos del Ejecutivo, lo que se oficializó en 1952, con la creación del Consejo Judicial, órgano gubernamental encargado de calificar a los jueces y magistrados para ascensos, nombramientos, etc. y de unidad jurisdiccional, existiendo junto a la jurisdicción ordinaria, la canónica, la militar, con una extensión desmesurada, y la de orden público creada a fines de 1963, con fundamento en la Ley de Orden Público de 1959. Esta situación fue motivo de preocupación preferente para el legislador constituyente, que quiso devolver a la Justicia la legitimidad democrática que la dictadura le había arrebatado al romper la separación de poderes; así pues, la Constitución de 1978 le dio legitimidad pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público pero no del poder, y esto no fue contemplado.
Pero ahora que nos encontramos en una fase de normalidad democrática, las encuestas y los medios de comunicación resaltan la falta de eficacia de la Justicia, su hermetismo, incluso “su lenguaje”, y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicarse con la sociedad. Los ciudadanos la perciben como una burocracia pesada, lenta y opaca, obsesionada con el papel y la escritura, intransigente con las nuevas tecnologías de la comunicación. A la vez que resulta implacable para el ciudadano, lo primero que exige es el sacrificio del tiempo, los desplazamientos, las esperas, las suspensiones, la ausencia de explicaciones. En algunos casos, incluso, como es el de las víctimas y testigos protegidos, resulta hasta cruel, ya que les exige una colaboración extrema, en ocasiones heroica, sin preocuparse por su indemnidad, provocando una segunda victimización.
Por consiguiente, debemos reconocer que el actual sistema es injusto y resulta un anacronismo en la sociedad de la transparencia y la información.
La Justicia necesita un gestor externo que la racionalice, modernice y le dé eficiencia. Los de dentro, los jueces, fiscales, funcionarios, incluso abogados... no hacen más que justificar su papeleo, su lenguaje del XVIII, su falta de organización informatizada, sus larguísimas sentencias. Visite usted un juzgado y comprobará que parece una oficina de la época de la Ilustración y no un centro de trabajo de la era digital. Por más dinero y personal que se aporte, la Justicia seguirá igual de lenta y cargante para el ciudadano, porque los que estamos dentro de su viciado sistema carecemos de capacidad de reorganizarla en profundidad. No se trata, pues, de clonar juzgados, extendiendo un sistema de islotes de conocimiento que impide que la información se comparta y pueda ser reutilizada por el conjunto del sistema, reduciendo costes, duplicidades, tiempo y evitando que se produzca una cadena de errores judiciales como la que determinó el caso Mari Luz, perfectamente evitable con un sistema de información compartida.
El Ministerio de Justicia, en el formato constitucional que reintroduce la separación de poderes, debería haber sido ese “gestor externo”, pero ha estado más preocupado por el poder que por la gestión, por influenciar en los nombramientos judiciales que por los ciudadanos, por las estadísticas que por la calidad del servicio... Tampoco el legislador ha demostrado sensibilidad suficiente; así la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Administración de Justicia de su ámbito de aplicación, ahonda en el retraso secular de la Justicia, que continúa obsesionada con el secretismo y el papel. Por el contrario, es preciso una Administración de Justicia digital, en la que la nueva oficina judicial deba relacionarse con los ciudadanos mediante los nuevos canales, de los que Internet es la estrella, acercando los servicios a los despachos de los profesionales y a los hogares de los ciudadanos. Eso supone que los trámites abandonen el formato del papel, y pasen a realizarse en un fichero electrónico.
Por otra parte, en una democracia avanzada la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción, porque el peligro de abuso del poder y de corrupción se incrementa cuando se actúa en secreto. Por eso la Justicia, en cuanto administración, debe estar regida por el principio de transparencia sin perjuicio de que en cada trámite se deba estar a lo establecido en las leyes procesales. Conviene recordar que ya los pensadores de la Ilustración introdujeron la publicidad como una garantía del proceso y proscribieron los juicios secretos; pues bien, en el s. XXI, en pleno desarrollo de la sociedad de la información, la publicidad del proceso no es suficiente garantía; es preciso la transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo funcionan los órganos judiciales, su nivel de eficacia, su tiempo de respuesta, incluso el coste de sus investigaciones…
En conclusión, la modernización y adaptación de la Justicia a la era digital no es sólo una cuestión de euros que multiplique lo ya existente, sino de una nueva configuración de la Administración de Justicia en la que prime el servicio público y retomar esa función de gestor externo.
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No olvide firmar para exigir que se investiguen los atentados del 11-M