DENUNCIA QUE EL SINDICATO DE MANZANO SE
JACTÓ DE QUE
RECIBIÓ DEL ENTONCES TITULAR
DE INTERIOR 'INSTRUCCIONES
DE CÓMO
RECUSAR' A CILLÁN
Según el comunicado
del SUP, el presidente del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), José Ángel
Fuentes Gago, presumió «hace unos meses de que Rubalcaba le había llamado para
darle instrucciones de cómo recusar a la juez Coro Cillán». El comisario
principal Juan Jesús Sánchez Manzano pertenece al SPP, cuyos servicios
jurídicos se encargaron de su defensa. Fuentes Gago declaró a este diario que
esa insinuación es «una falsedad».
En ese procedimiento
no se planteó ningún incidente de recusación contra la juez Coro Cillán, pero
sí una denuncia por «parcialidad» en marzo de 2011 ante el Consejo General del
Poder Judicial, que fue rechazada en septiembre.
La defensa de Manzano
reprochaba a la juez su «celeridad» en la admisión de la querella presentada en
julio de 2009 por la
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y que acordase
«velozmente» la práctica de las diligencias solicitadas por la Fiscalía , mientras que
una petición de sobreseimiento, formulada por los imputados el 21 de diciembre
de 2009, llevaba más de un año sin ser resuelta. La Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Madrid rechazó de plano la queja, pero de haber tenido éxito sí
podía haberse convertido en la antesala de un incidente de recusación.
Consultado por este
diario, el inspector Fuentes Gago afirmó que la insinuación del SUP es «una
falsedad», que nunca recibió indicaciones de Rubalcaba de ese tipo ni de ningún
otro, ni en persona ni por teléfono, y que su relación con el ex ministro del
Interior quedó reducida a lo «meramente protocolario» después de que los
sindicatos policiales convocasen varias manifestaciones para protestar por sus
condiciones de trabajo, mucho antes de que se presentase la querella contra
Sánchez Manzano. En este sentido, añadió que a él «nunca se le ocurriría» dar instrucciones
a sus servicios jurídicos acerca de cómo hacer su trabajo.
Sin embargo, el SUP
se ratificó en el contenido de su comunicado. La nota, que firma su secretario
general, José Manuel Sánchez Fornet, se despacha a gusto contra «el peor jefe
que ha pasado por la especialidad Tedax». De Sánchez Manzano dice que, en el
intento de atentado de ETA en un tren con destino a Chamartín en la Nochebuena de 2003,
«puso en riesgo la vida de todos los tedax acabando con los protocolos de
comunicación entre grupos». «Tamaño despropósito es como el de personarse en
los focos [del 11-M] y, al grito de '¡aquí mando yo!', actuar con absoluta
negligencia e irresponsabilidad profesional, según se desprende de las
declaraciones de numerosos tedax que estaban sobre el terreno». El SUP, señala
el comunicado, se personó en las diligencias contra Manzano sólo para «dejar en
evidencia que este hombre no tiene ni pajolera idea de los Tedax» y «demostrar
que era un incompetente».
La nota matiza que,
«de ahí a pretender que Manzano es cómplice de los atentados, existe un abismo
que nunca hemos rebasado ni rebasaremos», porque el SUP no cree «en ninguna
teoría de la conspiración», y que, si llegase a juicio el procedimiento, no
pediría «pena de cárcel ni de inhabilitación» que conllevasen su expulsión del
cuerpo.
El comunicado del SUP
respondía a una circular anterior del SPP en la que se señala que, contra
Manzano, «no existía ni un solo indicio de responsabilidad criminal ni
administrativa», y se acusa al SUP de haber contribuido al «desprestigio» de la Policía por querellarse
contra él.
Se refiere a que un
juzgado de Madrid archivó sin practicar ninguna diligencia una denuncia
genérica de cinco folios acerca del análisis de los explosivos, presentada por
un partido marginal de extrema derecha días antes de que la juez Coro Cillán
admitiese una extensa y detallada querella de la Asociación de Ayuda a
las Víctimas del 11-M por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos
y falso testimonio.
Las víctimas
anunciaron de inmediato un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al que
previsiblemente se adherirán otras acusaciones. La Fiscalía , pese a que se
había opuesto al archivo de la causa, decidió el lunes que no recurriría y es
poco probable que se adhiera a los argumentos que planteará la acción popular.
La juez Cillán se
encuentra también pendiente de la resolución de un expediente disciplinario que
le abrió el Consejo General del Poder Judicial en diciembre por cuatro
supuestas faltas disciplinarias en las que habría incurrido durante la
tramitación de un procedimiento sobre una discoteca madrileña, y que nada tiene
que ver con la causa por la posible destrucción de pruebas del 11-M.
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