Por pcuenca
Una extraña maldición parece perseguir al caso del 11-M. Primero, se ordenó destruir los trenes del atentado, prueba medular de la masacre, lo que desvió la investigación a una instrucción con más agujeros que un queso de Gruyère.
Y después, se ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra Coro Cillán, la juez que va arrojar luz sobre las numerosas incógnitas que presenta el caso, incluyendo la destrucción de los trenes de Atocha. Aunque a juzgar por las revelaciones que ha ido haciendo LA GACETA durante los últimos días, más que una maldición, lo que hay es un interés por continuar echando tierra sobre la mayor matanza de la historia de España ante la labor de una juez valiente e incómoda. No es casual que esa campaña orquestada contra la magistrada se haya lanzado en las semanas previas a que levante –hoy mismo– parte del secreto de las diligencias de investigación que ha practicado hasta la fecha. Las revelaciones pueden imprimir un giro al caso, singularmente la declaración que prestó en su juzgado Sánchez Manzano, jefe de los Tedax.
LA GACETA ha venido dando cuenta de esa caza de brujas contra la juez de instrucción. Por un lado, el fiscal de Madrid nombrado por el ex ministro Bermejo y vinculado al PSOE exigió al servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial que controlara a la juez. Por otro, la denunció en el órgano máximo de los jueces su propia secretaria, Sacramento Fernández, ex cuñada del socialista Diego López Garrido. Y por otro, dos abogados han denunciado una trama para desestabilizarla e incluso echarla de la carrera. Así consta en el cruce de emails de los dos letrados, y a los que tuvo acceso LA GACETA: “Llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez”. Y hoy revelamos otro palo más en la rueda: la mencionada secretaria de Cillán se ha ido de vacaciones a Turquía dejando empantanado el Juzgado.
El gesto no es anecdótico: si Cillán decidiera continuar adelante con las diligencias sin la presencia de la secretaria, se puede enfrentar a una probable anulación de las mismas, al no estar presente la secretaria judicial.
Cui prodest? ¿A quién puede beneficiar esta estrategia para entorpecer la investigación de Cillán? Es cuestión de atar cabos. ¿Quién o quiénes podían tener un “vivo interés” –como se dice en los emails de los letrados– por apartarla de la judicatura desde antes del 20-N, fecha de las elecciones? ¿A quién o a quiénes perjudicaba un giro copernicano en la investigación de los atentados de Atocha que decidieron las elecciones del 14 de marzo de 2004? Tan oscuras maniobras constituyen una prueba de que la juez Cillán va por el buen camino, enderezando los desaguisados del juez Del Olmo o los desvaríos de Gómez Bermúdez.
Es evidente el interés que tiene esclarecer el caso desde el punto de vista político, a pesar de que las nuevas revelaciones del 11-M no tengan quizá el mismo impacto conforme pasan los años. Pero, afortunadamente, en un Estado de derecho no todo se mide en términos electoralistas o partidistas. Llegar hasta el fondo es una exigencia ineludible de la Justicia, del mismo modo que lo es no dejar en la impunidad los crímenes de la banda terrorista ETA. Que Cillán llegue hasta el final es una exigencia de la Justicia y también de la memoria de las 194 víctimas de la masacre de Atocha.
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