Hoy, el diario EL MUNDO lleva a su portada la concesión de una
Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo al magistrado y presidente
de la Sala de lo
Penal de la
Audiencia Nacional , Sr. Gómez Bermúdez. En relación con dicha
información queremos manifestar lo siguiente:
1º. Desde hace muchos años (llevamos 27 legalizados y ya entonces
lo hacíamos) venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión
de recompensas profesionales en la Policía Nacional y Cuerpo Superior, hoy
fusionados en el Cuerpo Nacional de Policía.
2º. La norma de concesión de las recompensas es
preconstitucional (de 1964) y desde la legalización han sido más los años
que no hemos asistido a los actos de celebración del Patrón del Cuerpo (el 2 de
octubre), día en el que se imponen en señal de protesta por estas prácticas,
que los que sí; No obstante, nunca, ningún Gobierno desde 1984, ha adoptado
ninguna medida para resolver esta situación. En estos momentos (y en años
anteriores) hemos denunciado ante los tribunales la concesión irregular de medallas
rojas sin que hasta el momento hayamos obtenido una resolución favorable a
nuestra demanda.
3º. Manifestamos nuestro respeto y confianza en
la profesionalidad del magistrado Gómez Bermúdez y del comisario Mario A.
Jiménez Ramos.
4º. Que se pueda conceder una medalla a un
magistrado, con dicha argumentación, no deja de ser la constatación de que no
existe una efectiva separación de poderes y que las prácticas corruptas han proliferado
tanto, y durante tantos años, que han pasado a formar parte de la
cotidianeidad.
5º. Con independencia de que lleve aparejada o
no pensión económica la
Medalla roja y sin prejuzgar que la concesión de la misma
haya influido en la decisión del magistrado (en lo que no creemos), debería
servir para limpiar de prácticas corruptas (muchas y muy graves) que forman
parte de la actuación diaria en el Ministerio del Interior.
6º. Con independencia de las distintas teorías
sobre los autores del 11‐M, las informaciones difundidas por EL
MUNDO deberían suponer la revisión exhaustiva de todo lo actuado en lo que se
refiere a la implicación de Jamal Zougam, aplicando la máxima de que vale más
que un culpable sea exculpado a que un inocente sea condenado. Hay indicios
que, moral y jurídicamente deberían llevar a una revisión de las pruebas y un
nuevo juicio.
Madrid 12 de diciembre de 2011.
SECRETARÍA GENERAL
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