Por fperarnau
OPERACIÓN DENUNCIADA EN EL
JUZGADO 19 DE MADRID
Manuel González, próximo a la izquierda radical, fue el hombre clave de la estrategia. LA GACETA publica los correos electrónicos que desvelan toda la urdimbre.
Diego Carrasco
La trama para conseguir apartar de la carrera judicial a la magistrada Coro Cillán, que investiga, entre otros asuntos, los atentados del 11-M, decidió colocarle un detective con el fin de averiguar todos los pasos de su vida privada y así poder desestabilizarla por completo.
Un hecho que está íntimamente relacionado con lo publicado hace unos días por LA GACETA en exclusiva referido a la existencia de “un interés muy vivo para echar a Cillán de la judicatura”. La pieza clave de todo el entramado es “Manuel González Alonso, hombre muy próximo a la izquierda radical y con influencias en el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial”, explican fuentes jurídicas. Además, se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial de Valencia condenó a González Alonso por un delito de estafa y, por lo tanto, cuenta con antecedentes penales que enturbian aún más las maquinaciones iniciales.
De ahí, que en la conversación que mantuvieron por correo electrónico el abogado de Barcelona, Sergi Lacoma Cusí y su colega de Madrid, Henry Joseph Felsenstein, afirmaran: “Manolo González debe hacer valer sus influencias para, aprovechándose de las quejas nuestras, de la secretaria judicial y del fiscal, forzar la máquina”. (Ver documento 1). Es más: “Yo forzaría la máquina destinando uno o varios detectives privados para saber” movimientos de su vida privada. Es un seguimiento caro a no ser que Fernando lo negocie poniendo a gente y facilitando el trabajo del detective”. Este primer email está fechado el pasado día 4 de noviembre.
La excusa para montar el operativo contra la juez del 11-M es la investigación de un asunto relacionado con el cierre del local nocturno madrileño Moma, “que no tiene la suficiente entidad jurídica como para provocar la expulsión de Cillán de la judicatura”, destacan las citadas fuentes. Y es que los dos abogados anteriormente citados defienden a implicados en la discoteca madrileña. Concretamente, Joseph Felsenstein representa al empresario Fernando Robes Ybarra, que posee el 27% de las acciones de Moma.
En otro correo electrónico fechado cuatro días más tarde, el 8 de noviembre, Lacoma le escribe a Robes: “Ya he hablado con el detective José Julián. Ruego que le llames para empezar ya. Nos hace un buen precio (60 euros hora). Le he comentado que le puedes facilitar gente para hacerle el trabajo auxiliar”. (Ver documento 3). Unas horas después, el abogado catalán Lacoma vuelve a comentar a Robes: “Fernando: Que hayamos contactado con un detective no tiene que saberlo nadie. Sólo lo sabemos los abogados y tú. Ningún trabajador debe saberlo. Arruinaríamos el trabajo”. (Ver documento 2). Fuentes del entorno de la magistrada aseguraron a este diario que “frente a los apartamentos donde vive Cillán permaneció una furgoneta de color blanco y con los cristales tintados durante todo un fin de semana”.
Toda esta trama con soporte documental, a la que LA GACETA ha tenido acceso, está denunciada por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Estos letrados, que defendieron en su día el cierre de Moma, recibieron en su despacho “un sobre anónimo de color blanco y con 160 documentos con diferente contenido referido a conversaciones entre abogados y otras personas donde se planeaban negociaciones y estrategias jurídicas”, señalan. De momento, la investigación de este asunto sigue en marcha.
Lacoma es un abogado colegiado en Barcelona con más de 30 años de experiencia. Al parecer, estuvo implicado en una trama de fraude del IVA que ocurrió en Cataluña en la década de los años noventa. Tuvo que declarar como abogado de la sociedad BCN Consultores para que aclarara el importe de una de las empresas implicadas en el fraude.
Así las cosas, a esta situación para desestabilizar y presionar a la juez Cillán hay que sumar la denuncia presentada por su secretaria judicial, Sacramento Fernández Vivancos, ex cuñada del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ante el Consejo General del Poder Judicial. Ello provocó que sufriera una inspección por sorpresa en su Juzgado de Instrucción número 43, ubicado en la plaza de Castilla, o que su ausencia impidiera hace unos días, como también informó este periódico, que Coro Cillán pudiera tomar declaración a uno de los testigos más relevantes del 11-M.
La mencionada inspección del CGPJ determinará el preceptivo informe, que será remitido en los próximos días a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano. Todo hace indicar que el traslado se producirá después de las Navidades. En el informe se hará una propuesta acerca de si se archivan las diligencias o se expedienta a la juez. En cualquier caso, la última palabra la tiene la Comisión Disciplinaria.
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