Por gsanchez
LAS VÍCTIMAS, SATISFECHAS
PORQUE SE ABRE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. “AHORA SE PODRÁ TIRAR DE LA CADENA
DE CUSTODIA”, ASEGURAN
Roberto R. Ballesteros.
La juez Coro Cillán ya conoce el nombre de dos tedax de la Unidad Central que trasladaron restos de explosivos desde los focos donde estallaron las bombas el 11 de marzo de 2004. Uno de los agentes lo confesó él mismo ayer ante la magistrada.
El otro fue identificado por el primero como el funcionario que recibió la carga en la sede de la Unidad Central. La acusación, ejercida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, anunció que pedirá a la instructora que cite a este último tedax, que aún no ha declarado.
El abogado de la asociación, José María de Pablo, se mostró satisfecho ante los medios de comunicación después de conocer la identidad de los dos agentes, ya que hasta este momento no se sabía quién transportó los vestigios desde las zonas de la catástrofe, a pesar de haber sido esto solicitado en varias ocasiones al Ministerio del Interior. “Estas declaraciones han sido más provechosas que las del pasado viernes para el avance de la investigación”, declaró De Pablo.
El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas, que acusa al entonces responsable de la Unidad Central de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, insistió también en que los artificieros de la Brigada Provincial de Madrid, como ocurrió el primer día, volvieron a quejarse ayer de que el 11 de marzo de 2004 se rompió “por primera vez” el protocolo de actuación policial.
Los agentes de la Brigada Provincial, explicó De Pablo, se mostraron extrañados de que los miembros de la Unidad Central se llevaran los vestigios antes de que ellos levantaran acta. “Han dicho que fue la primera vez que se rompió el procolo”, declaró el abogado. “Todos han contado que en estos casos siempre se recogen muestras y se hace un acta, una nota informativa que incluye qué rastros se han obtenido, de dónde se han sacado, quién los ha encontrado, etc.”, añadió.
La versión de De Pablo no coincide con la del abogado defensor, José Carlos Velasco, quien aseguró que tanto los miembros de la Brigada Provincial como los agentes de la Unidad Central aseguraron que en todo momento se cumplieron los protocolos previstos. “Sólo uno –afirmó Velasco–, el jefe de la Brigada Provincial, ha dicho que le sentó mal ser relevados por sus compañeros de la Unidad Central”. Según el letrado, este jefe policial ha dicho que su brigada tenía que haber continuado al frente de la investigación. El resto, continuó, “todos han dicho que, dadas las magnitudes del atentado, se cumplieron los protocolos”.
Entre el pasado viernes y ayer han declarado ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid 47 tedax que trabajaron en Santa Eugenia, El Pozo, la calle Téllez y Atocha poco después de producirse las explosiones del 11-M. La juez Coro Cillán había citado a 48, pero uno de ellos ya está fallecido. El Ministerio del Interior facilitó a la magistrada la lista de los casi medio centenar de tedax un año después de que la instructora lo solicitara y tras un últimatum de esta. Cillán mantiene imputado al ex comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, a quien la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M acusa de omisión del deber de perseguir delitos, ocultación de pruebas y falso testimonio.
Además de las muestras de explosivos, hubo cientos de prendas, ropa, zapatos, bolsos y otros utensilios pertenecientes a las víctimas del atentado del 11-M que fueron trasladados hasta Ifema, donde los familiares acudieron para identificar estos efectos y llevárselos en caso de que pertenecieran a su pariente. Muchos de los útiles no fueron identificados y se mantuvieron en el recinto hasta que un responsable aún desconocido se hizo cargo de ellos y ordenó retirarlos. Según fuentes policiales, esos efectos estarían impregnados de explosivos, aunque muchos de ellos fueron lavados y por lo tanto contaminados a efectos de identificar el tipo de detonante.
Los atentados machacaron cuatro trenes y a sus ocupantes de la red de Cercanías de Madrid. La sentencia de la Audiencia Nacional atribuyó su autoría a yihadistas.
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