Impulsa la investigación en plena campaña electoral
CORO CILLÁN LLAMA A DECLARAR AL GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL QUE ESTABA DESTINADO
EN GUIPÚZCOA. TAMBIÉN ORDENA QUE TESTIFIQUEN
LOS TEDAX DEL CUARTEL DE INTXAURRONDO.
A. Lardiés y J. Sedano.
La juez Coro Cillán no da tregua. Y es que la titular del juzgado de Instrucción número 43 de Madrid sigue intensificando las pesquisas sobre la actuación durante el 11-M del entonces jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, acusado por varias asociaciones de víctimas de los delitos de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos. Sin ir más lejos, el próximo lunes Cillán interrogará a varios testigos, entre ellos el ex comisario general de Policía Científica Carlos Corrales, que fue defenestrado por el PSOE cuando llegó al poder después de los atentados.
En una providencia dictada ayer y a la que ha accedido LA GACETA, la juez admite varias de las diligencias solicitadas por los abogados de Saed el Harrak –condenado a 12 años de prisión por los atentados–, cuya querella contra Manzano fue admitida hace unos días, como reveló en exclusiva este diario. De las 10 diligencias que exigían los letrados, Cillán acepta cinco. Entre las aceptadas están la declaración del general de brigada de la Guardia Civil en la zona de Zaragoza, Germán Gómez Rodríguez, que cuando se perpetraron los atentados de Atocha estaba destinado en Guipúzcoa. También deberán prestar testimonio los Tedax de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, que estaban a las órdenes del citado Gómez Rodríguez.
Libro de Registro
Igualmente, la titular del juzgado número 43 de Madrid llama a declarar a Cáceres Vadillo, inspector jefe del Grupo Tedax de la Brigada Provincial de Madrid cuando se produjeron los atentados. En la providencia dictada ayer, la juez también requiere a la Comisaría General del Cuerpo Nacional de Policía el libro de Registro de Control de Entrada del 11 de marzo de 2004. Y, por último, requiere a una empresa mercantil para que identifique a las personas que envió para que se reunieran con Manzano el día de los atentados en la Comisaría citada.
De todo este paquete de actuaciones de la juez, destaca sin duda la citación como testigo de Carlos Corrales, que comparecerá frente a Cillán el próximo lunes a las 10.00. Corrales era el comisario general de la Policía Científica cuando se perpetraron los ataques del 11-M. En cuanto el PSOE llegó al poder, sustituyó a Corrales por Miguel Ángel Santano, que antes era comisario jefe de Madrid. Santano, de conocida afinidad ideológica al PSOE, fue después imputado, juzgado y absuelto en el famoso caso del ácido bórico. Se le acusaba, junto a otros jefes policiales, de haber desechado un informe elaborado por tres peritos de la Policía que vinculaban a ETA con el 11-M, ya que relacionaban el hallazgo de ácido bórico en casa de uno de los procesados por el atentado, en 2004, con el hallazgo de esa misma sustancia en el piso de un etarra, en 2001.
“Íntegro y honesto”
Fuentes policiales aseguran a este diario que Corrales “es un policía honesto e íntegro, que nunca se ha vendido al poder político ni nada por el estilo”. “Prueba de ello es que cuando el PSOE le defenestró para colocar a Santano, no acabó reubicado en ninguna empresa privada”, aseguran. Y por ello auguran que su testimonio ante Cillán puede arrojar luz sobre aspectos clave de la investigación. Por ejemplo, acerca de los restos de los focos de los trenes que no fueron analizados por la Policía Científica.
Los abogados de Saed el Harrak, condenado por el 11-M, habían solicitado a Cillán un careo entre el mencionado Corrales y Sánchez Manzano, al que las asociaciones de víctimas acusan de tres gravísimos delitos por su actuación tras los atentados. Sin embargo, la juez ha optado por tomar declaración a Corrales antes de ese previsible careo.
Así las cosas, el lunes Cillán tomará declaración a dos altos mandos policiales. Primero, a las 9.30, será el turno del citado general Germán Gómez Rodríguez. Y después le tocará a Corrales. Sus dos testimonios, junto a las nuevas pesquisas ordenadas por la juez, abren la vía a que “el caso no acabe enterrado”, según las fuentes mencionadas.
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