RUBALCABA PUSO MUCHO INTERÉS EN APROBAR ESTA LEY EN 2009
Archivó una denuncia presentada por la AVT. Consideró que los hechos no eran “constitutivos de infracción penal”. Las SIM se vendían sin pedir la documentación.
Roberto R. Ballesteros y Javier Molina.
La Fiscalía de Madrid no vio delito en el tráfico ilegal de tarjetas telefónicas prepago denunciado por LA GACETA y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hace más de un año, en septiembre de 2010. A través de un escrito firmado por el fiscal superior Manuel Moix, remitido el pasado 22 de diciembre a la AVT –que unos días antes había preguntado por el caso–, el Ministerio Público comunicó que no tenía intención alguna de iniciar una investigación y que ya había acordado “el archivo de la denuncia” presentada “al no ser los hechos –según la Fiscalía– constitutivos de infracción penal”.
El archivo se produjo el 15 de marzo de 2011, aunque no fue comunicado a la AVT hasta el pasado diciembre, sólo unos días después de que esta asociación interpelara a la Fiscalía pidiendo explicaciones sobre en qué había quedado su denuncia.
La queja de las víctimas se produjo a raíz de la emisión de un reportaje en Intereconomía Televisión, publicado también en LA GACETA, que ponía de manifiesto cómo las tarjetas telefónicas prepago se seguían vendiendo sin pedir identificación en algunos locutorios de determinados barrios de Madrid y Barcelona.
Esta práctica contravenía la Ley 25/2007 de Conservación de Datos, modificada por el Gobierno socialista en 2009 con la intención precisamente de obligar a que todos los usuarios de tarjetas prepago estén identificados en el registro del Ministerio del Interior. Trataba así el Ejecutivo de evitar que los delincuentes puedan comunicarse al margen del control policial, como ocurrió en los días previos a los atentados del 11 de marzo de 2004. Los terroristas, de hecho, utilizaron estos teléfonos también para hacer explotar las bombas que provocaron la masacre en los trenes de cercanías de Madrid.
El vídeo emitido por Intereconomía y reproducido por LA GACETA contaba cómo dos periodistas accedían con cámara oculta a determinados locutorios de Madrid y Barcelona, se hacían pasar por ciudadanos sin papeles y pedían tarjetas telefónicas prepago de distintas compañías. Los periodistas explicaban claramente a los dependientes que no querían identificarse para no tener problemas con la Policía y estos les entregaban sin problemas las SIM ya registradas a nombre de otra persona. Fuentes policiales explicaron que ese desconocido que figuraba en el registro podía ser un “hombre de paja”; es decir, alguien –un indigente, por ejemplo– al que las mafias pagaban por comprar para ellos legalmente una tarjeta que posteriormente pasaba a manos de los delincuentes.
Sin embargo, estas evidencias no fueron suficientes para que la Fiscalía admitiera la existencia de una infracción perseguible. Sí reconoció la gravedad de los hechos, sin embargo, el Ministerio de Industria, ante quien la AVT puso la denuncia el 20 de septiembre de 2010. De hecho, fue este ministerio el que pidió a la Fiscalía que investigara.
La pasividad de la Fiscalía en este caso pone de manifiesto su escaso interés por hacer cumplir una ley a la que el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le dio enorme importancia durante su redacción. Incluso llegó a convocar una rueda de Prensa con representantes de las operadoras telefónicas para explicar los pormenores de la normativa y el proceso de apagado de los móviles que no se identificaran a tiempo. Cerca de 20 millones de terminales se vieron afectadas por la modificación legislativa.
Sin embargo, en vista del poco interés mostrado por el Ejecutivo a raíz de las denuncias de Intereconomía y LA GACETA, fuentes de la AVT expresaron sus dudas sobre si la medida se había tomado realmente para perseguir a los delincuentes o se produjo sólo para controlar a la sociedad. No en vano, mientras se hacía el cambio de regulación surgía la polémica en torno al sistema de escuchas telefónicas Sitel, utilizado por el Ministerio del Interior desde 2004 sin haber informado a los jueces de las inmensas posibilidades que ofrecía.
Ayer LA GACETA regresó a los mismos locutorios que hace un año y medio vendían impunemente estas tarjetas prepago. Sin embargo, esta vez no pudo adquirirlas sin mostrar el DNI. En todos los establecimientos que visitó, los dependientes le exigieron el documento nacional de identidad, lo cual evidencia que de algún modo la denuncia de Intereconomía y la AVT ha tenido efectos persuasivos, ya que no se han realizado investigaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No olvide firmar para exigir que se investiguen los atentados del 11-M