Por Raquel Cespedes
DOS LETRADOS PRESENTAN HASTA 160 DOCUMENTOS PARA PROBAR SU ACUSACIÓN.
EN EL ESCRITO CITAN AL MINISTERIO FISCAL.
LA JUEZ PROSIGUE SU MINUCIOSA LABOR EN
EL 11-M
D. Carrasco. Madrid
Las maniobras para conseguir apartar de la carrera judicial a la magistrada Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, comienzan a tener visos de evidencia. Así lo demuestra el contenido de una denuncia presentada el pasado día 24 de noviembre por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre los documentos entregados el día 14 del citado mes en el juzgado de guardia de Madrid había uno que decía taxativamente: “Hay un vivo interés por echar de la carrera judicial a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 y todo ello antes del día 20 de noviembre de 2011”.
Asimismo, el mencionado documento hacía referencia a una determinada persona “Manolo González para que hiciera valer sus influencias para aprovecharse de las quejas formuladas ante el CGPJ por los abogados de Fernando Robes Ybarra, por la secretaria judicial y por el representante del Ministerio Fiscal”. Tal y como adelantó este diario los días pasados. Esta situación atenta contra “la independencia judicial de Coro Cillán”.
Como telón de fondo de la trama está, entre otros, el asunto del cierre de la discoteca madrileña Moma. En efecto, el letrado Rubio Linares, que defendió el precinto del local nocturno, recibió el día 11 de noviembre en su despacho un sobre cerrado anónimo de color blanco con abundante documentación.
Concretamente, 160 documentos. “Una vez abierto resultó tener diferente contenido relativo a comunicaciones (emails y otros documentos) cruzada entre diferentes personas y que hacían referencia a las diversas negociaciones y estrategias jurídicas planteadas por los abogados defensores de Fernando Robes Ybarra”, socio del 27% de las acciones de la discoteca Moma.
En este sentido, lo que la denuncia pone de relieve es el cruce de correos electrónicos entre un abogado de Barcelona y otro de Madrid, cuyo cliente es Robes Ybarra. De ahí, que la persona que se cita para que haga las gestiones oportunas es “Manuel González afín al PSOE, muy próximo al juez suspendido Baltasar Garzón y condenado por estafa por la Audiencia Provincial de Valencia”, según fuentes jurídicas. Es más, para estrechar el cerco a la magistrada Cillán, “González se puso en contacto con un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo para que se interesara por este asunto y moviera sus hilos”, explican.
Pruebas ilegales
De momento, el CGPJ no ha contestado a la denuncia presentada por el abogado Rubio Linares. Con idéntico contenido el letrado denunció los mismos hechos ante el juzgado de guardia el día 14 de noviembre. “La documentación contenida en el sobre entregado previsiblemente fue obtenida de forma ilegal y que afecta a un procedimiento penal en curso”. También se ha elevado copia de las denuncias presentadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira Morante.
Con todo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que “se trata de una maniobra encaminada a presionar al CGPJ para que abra un expediente a la magistrada y conseguir así una suspensión que le impida investigar los asuntos que se encuentran en su juzgado, entre otros, los atentados del 11-M o la estafa de 17.000 cooperativistas”.
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