POLÉMICAS DECISIONES JUDICIALES
Magistrados con graves infracciones no son castigados
por una
cuestión de plazos.
La
salud mental no se controla ni en el ingreso ni durante el ejercicio del cargo.
El
Poder judicial no hace públicas desde hace años las resoluciones
disciplinarias.
Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se
dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y
a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una
suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por
ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el
Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de
2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían
sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser
indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de
Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo
enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le
rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus
asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo.
Tras
su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.
El
presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer
a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la
resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal
Superior
de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los
funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que
su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su
puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no
permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El
Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.
En
su juzgado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle, que debía estar
en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que este
matara a la niña Mariluz. Multa de 1.500 euros.
De
la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación
absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del
insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para
engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo,
abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron
cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de
suspensión.
El
caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de
resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en
los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de
jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que
mejor conocen el derecho y los límites que les impone.
La
juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 días a José Campoy, al que
había absuelto de robo. El Consejo constató su descontrol
sobre los reclusos. Expulsada.
Los
resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia
Internacional sobre España, hechos públicos esta semana,
son preocupantes. El documento califica como uno de “los puntos débiles
más importantes” del sistema judicial “la débil rendición de cuentas
existente en la práctica”. “Los jueces actúan normalmente con ética,
responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e
ineficiencia no son suficientemente sancionadas”, señala el informe, que habla
también de la “fuerte politización” del órgano de gobierno de los jueces y
de los nombramientos de los miembros de los tribunales de más alto rango:
“Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los
puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a
ciertos compromisos políticos”. Algo que, junto al fuerte corporativismo,
está también relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las
sanciones entre sí.
Recibió
73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvió de
prevaricación y permitió su vuelta. Está suspendido porque se le investiga
por otro soborno.
Cada
caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En
sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida
de los ciudadanos. Las toman cada día. No es solo la libertad o la prisión, en
asuntos penales, o la protección de las mujeres maltratadas. Juzgados y
tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios,
despidos, herencias, pensiones, quiebras… La aplican a todo salvo, a
veces, a sí mismos. Casos como el de Anguita o Martín ayudan a extender ese
estado de opinión.
Quizá
por ello, el Poder Judicial ha optado en los últimos años por una política de
opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace
público el fallo de los expedientes más sonados) que, hasta 2004, se publicaban
en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales.
Ahora no se facilitan ni a través del gabinete de prensa, que sí ofrece,
sin embargo, los datos generales. EL PAÍS ha revisado los acuerdos del
pleno y de la comisión disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los
miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.
Frenó
una adopción por una pareja de lesbianas, lo que le valió una condena por
retardo malicioso. El Supremo agravó su pena. Apreció prevaricación. 10
años de inhabilitación. Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de
las últimas estadísticas), el Poder Judicial inició 5.979 investigaciones contra jueces
y magistrados, según cifras de la institución. De todas ellas, 204 (el 3,4%)
originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en
sanción (el 2,1%). En todo ese período, solo un magistrado (José Antonio
Martín) fue expulsado de la carrera. Los castigos más duros —los previstos
para las faltas que la ley califica de muy graves— se reparten entre 23
suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas
graves que, en muchos casos, provocarían la dimisión de cualquier miembro de
otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los
jueces se zanjan con dos o tres años fuera de la carrera, tras los cuales
vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches
también son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo
arroja ocho condenas por prevaricación desde 1998, y los fallos de los
tribunales superiores de justicia en los últimos ocho años contra jueces y
fiscales por este delito rondan la treintena.
Asesoró
jurídicamente a un narco y trató de que sus compañeros de tribunal lo dejaran
en libertad. El Supremo lo absolvió, pero el Poder Judicial lo expulsó.
Marbella.
1999. Pilar Ramírez no podía ejercer como juez en ese municipio de menos de
100.000 habitantes en el que su hermano y su padre tenían importantes
intereses económicos en la zona. Pero lo hacía. Y participó en asuntos en los
que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jesús Gil, a pesar de que
su familia había firmado convenios urbanísticos de gran cuantía económica
con el Consistorio, que casualmente resultó muy beneficiado por la actuación de
Ramírez. El Consejo la expulsó de la magistratura. Tres años después, el Supremo entendió
que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsión, a
pesar de reconocer el “ostensible y profundo ataque a la imparcialidad
judicial”, y rebajó la sanción a una suspensión de cuatro años.
La magistrada se reincorporó en 2003. Hoy imparte justicia en
Torremolinos.
Benefició
al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas
de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia. Siete
años después, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio
Roca, cerebro del caso Malaya —la trama
de corrupción destapada en Marbella en el posgilismo— entregó 73.800 euros
aFrancisco Javier de Urquía. A cambio, Roca le pidió
que prohibiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR,
sobre el enorme patrimonio acumulado por el exasesor de urbanismo. El juez
cumplió su palabra. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía lo condenó por cohecho a dos años de cárcel (que no tuvo que
cumplir) y a 17 de inhabilitación por prevaricación, pero unos meses después, la Sala Penal del Supremo le absolvió de este
último delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El
pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso,
permitió al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber
delinquido, según los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no
volver a ella tras una suspensión. Urquía, sin embargo, seguirá apartado porque
ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricación en otro asunto de
corrupción también instruido por él, el caso Hidalgo.
Cuando
hay sanción disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a
cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido
castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los
expedientes disciplinarios es de seis meses, “lo que ciertamente contrasta
con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los
secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia”, reconoce el propio
órgano de gobierno de los jueces en una resolución del 15 de abril de
2009. No son pocos los supuestos en los que gravísimas conductas han quedado
sin sancionar porque el Supremo consideró que el expediente no se resolvió
a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que
suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los trámites hasta el
límite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa,
los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, según reconocen fuentes
del gobierno de los jueces.
Ocurrió,
por ejemplo, con Coro Cillán, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un
ejemplo de juez sancionada reiteradamente que continúa impartiendo
justicia. Cuando
era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de
600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No
dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de
tres años después de la vista—. La sanción no le hizo cambiar de actitud. En
2002, el Consejo tenía de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos
similares. El fiscal y el instructor pedían su expulsión de la carrera
“por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los
modos empleados para intentar ocultarlo” y “para evitar que vuelvan a
producirse en el futuro hechos similares, con grave daño y reiterado para
la administración de justicia”.
El Supremo anuló la suspensión de 12 años del juez Anguita
por juzgar asuntos en los que tenía intereses.
El
Poder Judicial, aún admitiendo que los hechos eran “especialmente graves”,
decidió que no tenían “la entidad suficiente como para acudir a la máxima
sanción”, e impuso dos años de suspensión a Cillán. Un año más tarde, ese
órgano se encontró de nuevo ante “retrasos injustificados, reiterados y
muy graves” y la suspendió un año más, por la “trascendencia y repercusión
social de su comportamiento”. El Supremo anuló la primera de las
resoluciones sancionadoras tras considerar que no se habían respetado
los plazos de caducidad. La segunda suspensión la dejó en una multa de
1.800 euros porque las dilaciones, según el tribunal, no habían tenido
“una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general” de su juzgado.
Un
desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 años que tardó el Consejo en
actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso
de la Audiencia Nacional. El órgano de gobierno de los jueces
sancionó a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el
juzgado y no resolver. También se le abrieron dos expedientes más por faltas de
respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso
laboral. Arce se hacía llamar por todos “señoría ilustrísima” mientras se
dirigía a sus funcionarios llamándoles “feo”, “calvo” o “gordo”.
El
ambiente de “tensión y miedo” provocó que 24 funcionarios pidieran el traslado.
Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiquiátrico
a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con
“empaquetarlos” con expedientes.
Sus
malos modos también los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores,
y él mismo confesó que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la
tarde. Pero el Consejo dejó el asunto en una multa de 8.000 euros que después
el Supremo le levantó.
Como
en el caso de Cillán, el expediente había caducado, según el tribunal. El
órgano de gobierno de los jueces no inició los trámites para inhabilitar a
Arce hasta 2010, tras su última suspensión, cuando acumulaba ya más de 500
causas sin resolver.
Entre 2008 y 2011 se estudiaron casi 6.000 quejas contra
jueces. Fueron sancionados 126 (el 2%), y expulsado uno.
Juan de Dios Anguita también se benefició del corto
plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de Málaga
fundó con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compró 18
viviendas de una promoción inmobiliaria. Como esta no funcionó, revendió
las casas a la sociedad a las que se las había adquirido, Sherry Mirador. Para
hacer frente al pago, la empresa hipotecó una finca sobre la que pesaban
algunos embargos. El juez participó en varios procedimientos contra Sherry
Mirador que afectaban a la deuda que él quería cobrar, y en uno de ellos
invitó a las partes a llegar a un acuerdo “no sin cierta presión
interesada”, según el Poder Judicial, que lo sancionó por seis faltas muy
graves —no abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que debía hacerlo
y ejercer actividades incompatibles con la condición de juez— a 12 años de
suspensión de funciones. El Supremo lo anuló todo porque el procedimiento
se había demorado demasiado.
Sucedió
igual en el caso de José Manuel Raposo. El juez utilizó el poder que le daba el
Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coupé 130, un modelo lanzado en
1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le
exigían, a la tercera, superó la inspección. Pero al día siguiente mandó
desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco días, 18.000 euros por
daños y perjuicios. “Estoy en condiciones de garantizarle que su vida
dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años”, decía
al jefe de inspección de la ITV en su escrito, al que amenazaba con
“toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas” en caso de que no le
abonara la cantidad. El Consejo lo suspendió por 12 meses en 2004, pero el
Supremo anuló la sanción porque el expediente había tardado más de seis
meses.
Hay
casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces están de
acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociación moderada
Francisco de Vitoria cree que es un período más que suficiente que no hay que
tocar, según su portavoz José Luis González Armengol. “Si se aumenta el tiempo
de la caducidad, seguirían produciéndose disfunciones”, coincide la magistrada
de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez. “Tampoco se
pueden mantener abiertos los expedientes ad aetérnum”. Discrepa la
progresista Jueces para la Democracia , cuyo
portavoz, José Luis Ramírez, opina que el plazo es insuficiente, sobre
todo en algunos casos: “El juez, en un Estado democrático, tiene que responder
por sus actos, y seis meses es poco para investigar según qué expedientes.
Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucción más
amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean más
cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales”.
Las
sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales
se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a sí
mismos.
Las
faltas graves las sanciona la comisión disciplinaria del Poder Judicial.
Después, en recurso, decide el pleno de ese órgano, que es también el
encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la
institución son magistrados de carrera. Los sancionados, además, recurren
sistemáticamente ante el Supremo, que toma la última decisión. Así que las
irregularidades se dirimen entre compañeros.
Un
caso paradigmático que multiplicó las acusaciones de corporativismo fue el del
juez sevillano Rafael Tirado, que no envió a prisión a Santiago del Valle,
condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubrió que este había
asesinado a la niña Mariluz Cortés.
El
expediente se había traspapelado. Frente al clamor popular y la petición del
fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de
multa. En esa ocasión, la tradicional división entre progresistas y
conservadores en ese órgano se convirtió en una fractura entre los vocales
procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jurídicos
(7). Los primeros impusieron la sanción económica frente a dos fiscales y
tres abogados partidarios de la suspensión. El Supremo bendijo la multa.
Manuel Arce acumuló durante 10 años 500 asuntos sin
resolver, antes de que se inciara su inhabilitación.
Otras
veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. Ángel Luis del Olmo
fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y
desconsideración con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo)
provocó entre los trabajadores del juzgado “situaciones de humillación,
angustia, temor, nerviosismo y estrés, así como de repulsión, debido a su falta
de higiene y aseo personal”, según la resolución. El magistrado les lanzaba
expresiones como “usted está aquí para servirme”, “la ley soy yo” o “aquí
manu militari”, y cuando le replicaban, respondía con frases como “por mis
cojones” o “aquí mando yo”. “Los funcionarios no podían soportar su hedor
corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los
pies, los oídos, la nariz o les salpicara con la saliva”, relata el
acuerdo. “Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos
del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando”,
prosigue. “No es cierto que no sea higiénico. Me afeito todos los días
y me pongo corbata en los juicios”, dijo Del Olmo tras conocer su sanción.
“Estuve una semana sin agua, pero no es culpa mía”, añadió. Dos años
después, el Supremo le rebajó la sanción a 5.000 euros.
Otro
problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos
psíquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros
funcionarios, no se evalúa ni antes ni después del ingreso en la carrera. Salvo
que lo pida el propio magistrado —lo que no es habitual por la importante
reducción de sueldo que supone—, es el Consejo el que promueve la
incapacitación. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder
Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes
con padecimientos psíquicos, y la comisión disciplinaria de este organismo
pidió en febrero de 2008 que se abordara el problema porque suponía “un
perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos”. El pleno se negó para no
crear una “alarma social injustificada”.
Los
casos que llegan a esa comisión son preocupantes. Una resolución de 2009 sobre
una juez que acumulaba retrasos y creía que sus compañeros la perseguían
asegura que, según el forense, la magistrada padecía “una situación de
disminución del funcionamiento neurocognitivo e ideación delirante que le
imposibilitan para la función de magistrado-juez”. La patología ya estaba
presente “presumiblemente, en periodos muy anteriores”, y se habla de una
depresión “de más de 15 años de evolución”. El caso acabó con la apertura
de un expediente de jubilación por incapacidad, pero la magistrada juzgó
durante años sin estar capacitada.
Es un secreto a voces que hay compañeros con trastornos
psíquicos y que sus casos no se abordan con rapidez, dice un juez
El
pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvió el caso de una juez destinada en
una Audiencia Provincial que padecía “trastorno adaptativo con reacción de
ansiedad”. Le había sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese
momento, pasó largas temporadas de baja, pero también otras tantas de
actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La
relación con sus compañeras de sección devino imposible. Acusó a la
presidenta de la sección de ser “una choriza y una delincuente” y a
otra compañera de no tener “ni puta idea”. Su psiquiatra, en un informe de
2009, alegó que tenía una “ansiedad de carácter fóbico”, y que el “simple
hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba”. El problema era que su modo
trabajar era demasiado “riguroso, muy responsable y concienzudo”. Fue
sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos
graves.
En
este punto están de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el
problema de los magistrados con trastornos psíquicos. “Es necesario
potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los
compañeros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el
de la justicia”, señalan desde la asociación Francisco de Vitoria. “La
evaluación de la salud mental de los jueces debería hacerse en el momento
del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma”, opina
la portavoz de la APM. “Y creemos que debería llevarse a cabo
a través de un sistema de prevención de riesgos laborales para jueces
y magistrados”. “Es un secreto a voces que hay compañeros con anomalías
psiquiátricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez”, añade el
portavoz de Jueces para la Democracia , que
coincide con los demás en la necesidad de articular una regulación eficaz
a través de la prevención de riesgos laborales y la instauración de controles
psicológicos periódicos.
¿Creen
los jueces que, en general, el sistema de rendición de cuentas funciona? “Sí”,
responde González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Además de la
responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se
comporta con corrección por lo general, y el régimen disciplinario es
durísimo, no blando”. “Se investigan muchísimos casos y las sanciones
son duras”, contesta María Teresa Sáez, de la APM. “A
veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que
en comparación con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones.
Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros también nos
indignan porque no queremos según qué compañeros de viaje, pero no se pueden
generalizar”.
Jueces
para la Democracia , sin
embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar
los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces,
cree que “es necesario un desarrollo reglamentario que fije los trámites
del procedimiento y que tipifique de forma mucho más precisa las
infracciones y la gradación de la sanción”, afirma su portavoz, José Luis Ramírez.
“Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La
práctica, además, plantea otros problemas.
La
politización del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno
discrepa del contenido de alguna resolución se ataque disciplinariamente
al juez a través de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que
determinados casos muy mediáticos que llegan a ese órgano no sean juzgados
con imparcialidad”.
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