A FECHA DE HOY, LAS VÍCTIMAS
SIGUEN PELEANDO POR SABER
LA VERDAD DE LA MASACRE
Luis del Pino
En estos siete años de mentiras oficiales, la investigación periodística sobre el 11-M ha ido pasando por diversas fases. Muchísimas personas tuvieron desde el principio la sensación de que algo no cuadraba en lo que nos habían contado, pero nuestra percepción del atentado ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Durante el primer año después de la masacre –coincidiendo más o menos con la época en que estuvo abierta la Comisión del 11-M en el Congreso– todos dimos por supuesto que los hechos básicos que nos habían expuesto eran ciertos: todos dimos por supuesto que los autores materiales del 11-M eran los islamistas que habían muerto pocas semanas después del atentado en la explosión del piso de Leganés. Las investigaciones se centraron, por tanto, en tratar de ver quién estaba detrás de esos autores materiales, es decir, quiénes eran los auténticos cerebros de la masacre.
Sin embargo, a partir del primer aniversario del 11-M, las cosas empezaron lentamente a variar, porque la filtración de los primeros tomos del sumario instruido por el juez Del Olmo nos permitió darnos cuenta de que había una multitud de detalles de la versión oficial que simplemente no encajaban. La cantidad de incongruencias en torno a todas las pruebas fundamentales del caso –y en especial en torno a la mochila de Vallecas y al extraño episodio del suicidio de Leganés– era tal, que quienes investigábamos la matanza empezamos a tener serias sospechas de que las pruebas del caso podían haber sido manipuladas.
Tuvieron que transcurrir todavía 15 meses para que nos diéramos cuenta de dónde estaba el origen del engaño. Fue a mediados de 2006 cuando nos percatamos de un hecho tan clamorosamente evidente que a todos se nos había pasado por alto: en el sumario del 11-M no existía ni una sola prueba conectada directamente con los escenarios del crimen. Nada más producirse el atentado, los trenes del 11-M habían comenzado a ser desguazados; es decir, las pruebas originales –las que hubieran permitido identificar a los verdaderos autores de la matanza– habían sido destruidas. En el sumario no había, por ejemplo, ningún listado de las muestras recogidas en los trenes; tampoco había ningún análisis químico de los focos de explosión. Y esas pruebas originales habían sido sustituidas por otra serie de pruebas colocadas, ninguna de las cuales tenía nada que ver con los trenes.
El juicio del 11-M, que comenzó a principios de 2007, fue a la vez un espaldarazo y una decepción. Constituyó un espaldarazo porque el tribunal se vio obligado a dejar caer alguna de las pruebas cuya falsedad habíamos denunciado los medios de comunicación. Asimismo, se pudo comprobar que todo el sumario del 11-M era un auténtico bluf: de las 116 personas detenidas por el 11-M, sólo una fue finalmente condenada como posible colocadora de las bombas. Y encima, las pruebas que había contra ella eran insostenibles. Por otro lado, el juicio constituyó una decepción, por cuanto el tribunal presidido por Gómez Bermúdez defraudó las esperanzas de llegar a conocer la verdad, dando por buenos otros aspectos de la versión oficial clamorosamente falsos. Después del juicio, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y otras víctimas a título particular comenzaron –en vista de la desidia de las instancias oficiales– una larga lucha judicial por saber la verdad del 11-M; una lucha judicial en la que todas las instituciones públicas se pusieron de perfil. Y poco a poco fue quedando clara una cosa: sorprendentemente, ninguna fuerza política estaba interesada en remover el asunto.
Lo cual, lejos de disipar las dudas, lo único que hizo fue tornarlas más sombrías. Si fue un atentado de Al Qaeda, ¿por qué el Partido Socialista quería relegar el 11-M al cajón del olvido? Y si fue un atentado de ETA, ¿por qué el Partido Popular tampoco se atrevía a hablar del 11-M?
La respuesta, claro está, es que el 11-M probablemente no fuera ni una cosa, ni la otra. Ni ETA ni Al Qaeda. Sólo cabe entender el silencio clamoroso de la clase política desde el entendimiento de que el 11-M fue algo mucho más horrible que un simple atentado terrorista.
A fecha de hoy, las víctimas del 11-M siguen peleando por saber la verdad de la masacre y hay dos mandos policiales imputados por presunta manipulación de pruebas. Pero la ofensiva judicial está tropezando con las maniobras dilatorias de ese mismo Gobierno cuyo vicepresidente se atrevió a afirmar el 13-M: “España se merece un Gobierno que no mienta, un Gobierno que diga toda la verdad”. Hoy, séptimo aniversario de la masacre, la juez que investiga la ocultación de pruebas en el 11-M tomará declaración a varias decenas de Tedax para saber qué ocurrió con las muestras de los trenes. Tal vez logremos, por esa vía –volviendo a fijar nuestra vista en los escenarios del crimen– saber quién ordenó manipular las pruebas de aquel atentado. Ese sería un buen punto de partida para conocer, de una vez, quién perpetró la matanza.
*Luis del Pino es periodista y autor de ‘11-M: Golpe de régimen’.
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